Transparencia y fotomultas: ¿Falta de voluntad o intereses indecibles?

La semana pasada discutíamos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el controvertido Reglamento de Tránsito de la Ciudad. Desde entonces, y como el pasado miércoles afirmaba desde la tribuna, este tema tiene dos aristas, que debemos apreciar desde su justa dimensión. El primero tiene que ver con el Reglamento de Tránsito per se, es decir, en tanto conjunto de preceptos que norman y regulan la convivencia de todos quienes utilizamos el espacio público, con la finalidad de que esta convivencia sea pacífica y libre: peatones, ciclistas, automovilistas, transportes públicos, de carga, etcétera. El segundo tema, el más polémico, y que quizá lo que hizo más mediático al reglamento, es el de la opacidad, producto de la poca transparencia que ha tenido el Gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a un par de contratos en particular, que no han sido aclarados y cuya información ha permanecido oculta.

El Gobierno capitalino no nos ha dicho cuáles fueron los criterios para asignar los costos de las multas mínimas, el por qué a la empresa AutoTraffic se le deben pagar 173 millones de pesos por su servicio de cámaras entre 2015 y 2017, el por qué el 46 por ciento de las fotomultas serán para la empresa adjudicada.

Sin embargo, y a pesar de las controversias que rondan al reglamento, en sí mismo, se presentan avances en cuanto al respeto de los peatones y los ciclistas pues busca normar y regular la convivencia en el espacio público.

Hemos insistido en que el Gobierno de la ciudad transparente debe explicar, no sólo a las y los asambleístas, sino a las y los ciudadanos, el ejercicio y la aplicación de las polémicas fotomultas. En reiteradas ocasiones, esa información le ha sido requerida al Gobierno de Miguel Ángel Mancera, mismas en que se ha negado a proporcionarla. El gobierno de la ciudad, le ha negado, sistemáticamente, el derecho a los ciudadanos a entender los criterios de los contratos y de la subsecuente aplicación y ejercicio de las fotomultas.

Tras el video que se viralizó en redes sociales la semana pasada (https://youtu.be/2vX8pgt216Y), sobre una cámara ubicada entre Avenida Universidad y Eje 6 Sur, en el cual se podía advertir que dicha cámara se activaba cada 10 segundos, lo que hizo suponer que se encontraba programada para flashear a los automovilistas de manera indiscriminada, es que pudimos presentarnos en la ubicación de la cámara, donde arribaron posteriormente personal de la empresa AutoTraffic, sin identificaciones, para arreglar el supuesto desperfecto de la cámara, lo cual no ocurrió. La cámara tuvo que permanecer inactiva ante la imposibilidad de ser compuesta por el personal de la empresa. En resumen, las fotomultas son aplicadas por una empresa, incapaz de resolver los desperfectos de sus dispositivos, y este, es un tema a discutir.

Insisto, la discusión del reglamento de tránsito capitalino presenta dos rutas, la discusión jurídica o la viabilidad del propio reglamento, y la otra ruta es la que apunta hacia la discusión y denuncia de la opacidad en cuanto a los contratos y las transferencias de casi la mitad del costo de las fotomultas a manos privadas. La falta de respuesta ante peticiones puntuales de información y transparencia no abona a la credibilidad del Gobierno capitalino, al contrario, alimenta la suspicacia de quienes miran en la falta de respuesta intereses indecibles.

Publicado originalmente en: The Mexican Times

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