Punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar ingresos, egresos y monto actual del fondo para el taxi, la movilidad y el peatón, integrado por el 1.5% de los ingresos por viajes realizados por los prestadores privados de transporte a través de apps

ANTECEDENTES

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en marzo del año 2013, en colaboración con diversas Organizaciones Civiles publicó el llamado Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal; documento del cual se desprende la definición del derecho a la movilidad como “el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en su territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.”

Con base en la definición anterior, podemos darnos cuenta que el derecho a la movilidad y su debido respeto, debe de ir acompañado de una serie de acciones y políticas que se encuentren encaminadas a satisfacer las necesidades de las personas en un lugar y tiempo determinados, pero dichas políticas sin duda, deben estar acompañadas de la debida regulación de los derechos y obligaciones que fijen el camino para lograr la calidad, suficiencia, sostenibilidad y viabilidad en el sistema de movilidad con el que se dé el respeto al propio derecho, así el modelo de movilidad que debe planearse debe verse reflejado en un sinfín de matices y en general en una nueva configuración de la realidad urbana; para proteger y garantizar el derecho a la movilidad los actos de gobierno deben ser debidamente planeados y enfocarse en resolver los retos que presenta hoy en día la Ciudad de México, retos a los que no se les puede hacer frente sin los recursos económicos necesarios.

Ahora bien, en el estudio llamado Movilidad, Arraigo e Identidad territorial como factores para el Desarrollo Humano, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se refiere que “la movilidad, al modificar las relaciones y facilitar o promover el acceso de todas las personas a los bienes, productos y servicios de mayor o menor necesidad, tiene un valor intrínseco para el desarrollo humano, pues, desde un punto de vista de usos y valores, se relaciona directamente con la satisfacción de necesidades y la creación de relaciones, oportunidades y encuentros, permite la participación de todas las personas en los ámbitos económico, social, cultural y político”, por lo que es considerado uno de los factores principales de cohesión social.

Ahora bien, los elementos esenciales que integran el derecho a la movilidad son: disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad.

“La disponibilidad —como componente del derecho a la movilidad— implica la obligatoriedad estatal de proporcionar a todas las personas, diferentes modalidades de transporte, de infraestructura vial y de apoyo, y de espacios públicos, para una segura realización de movimientos en el territorio que permitan satisfacer las necesidades básicas de acceso al trabajo, educación, salud, alimentación, vivienda y recreación, entre otras.

La accesibilidad consiste en que el sistema de movilidad debe estar al alcance de todas las personas, sin discriminación alguna. Sus dimensiones son accesibilidad física, accesibilidad económica (asequibilidad) y accesibilidad sin discriminación.

La calidad se refiere a que los diversos medios de transporte, la infraestructura vial y de apoyo y el espacio público deben ser adecuados para permitir la movilidad en condiciones de igualdad y sin discriminación a todas las personas; producir el menor daño ambiental; ofrecer espacios adecuados (en buen estado, con condiciones higiénicas y de seguridad, en mantenimiento regular) para las personas.

La aceptabilidad implica que para permitir el sano y armónico movimiento de las personas, los elementos del sistema de movilidad deben ser pertinentes y adecuados éticamente, respetuosos de las diferentes culturas de quienes lo utilizan, y sensibles a los enfoques de género y a los ciclos de vida.”

Así las cosas, en los últimos 10 años se han llevado a cabo diversas acciones de gobierno y legislativas centradas en atender la necesidad del respeto al derecho de la movilidad de las personas, que si bien en un inicio se trataba de esfuerzos dispersos, hoy contamos con una Secretaría dotada de recursos que debe atender toda problemática y necesidad en la materia.  Las acciones en materia de movilidad que son base para el desarrollo de la Ciudad y que permiten a sus ciudadanos un mejor desarrollo, podemos resumirlas a grandes rasgos en las siguientes:

  1. 19. de junio de 2005.- METROBUS. Inicia operaciones la línea 1 sobre Insurgentes.
  2. 30 de agosto de 2007.- PLAN VERDE. En materia de movilidad se privilegia el transporte eficiente, reducir el número de vehículos en circulación, incentivar la movilidad no motorizada y agilizar la movilidad y cultura vial, mientras que en el tema del aire se establecieron tres estrategias para la reducción de emisiones contaminantes.
  3. 2009.- Comienza la operación de los corredores de Transporte, siendo el primero de ellos el que corre sobre Paseo de la Reforma.
  4. 24 de febrero de 2009.-GPPRD. Presenta el Dip. Tomás Pliego primera propuesta de Ley de Movilidad, no se aprobó.
  5. 16 de febrero de 2010.-ECOBICI. La Ciudad de México se suma a la lista de ciudades más vanguardistas, convirtiéndose en la primer Ciudad en América Latina que integra este medio de transporte público, brindando a los capitalinos una efectiva opción de movilidad.
  6. 22. de abril de 2010.- GPPT. El Dip. Juan Pablo Pérez Mejía presenta iniciativa de Ley de Movilidad.
  7. 19 de julio de 2010.- GPPAN. Presentan los diputados Fernando Rodríguez Doval, Federico Manzo y Mariana Gómez del Campo iniciativa de Ley de Movilidad.
  8. 10 de Abril de 2013.-GPPAN. Presenta la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
  9. 30 de abril de 2013.- ALDF. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad la transformación de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) por Secretaría de Movilidad.
  10. 30 de abril de 2014.-ALDF.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprueba el dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
  11. 14 de julio de 2014.- LEY DE MOVILIDAD. Se publica la Ley de Movilidad en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Del último de los puntos referidos, es decir, la Ley de Movilidad se destaca la creación del Fondo Público de Movilidad y Seguridad vial, el cual es un órgano auxiliar para la ejecución de la política de movilidad en el Distrito Federal y que tiene por objeto, en términos de lo ordenado por el artículo 32 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, captar, administrar y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de la infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura en materia de movilidad

Asimismo, la Ley ordena que el Fondo Público de Movilidad y Seguridad vial, estará integrado por: los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos; los relativos al pago de derechos correspondientes a la resolución administrativa de impacto de movilidad y cualquier otro tipo de ingresos por la realización de acciones de compensación de los efectos negativos sobre la movilidad y la calidad de vida que, en su caso, le sean transferidos por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables; las herencias, legados y donaciones que reciba; y los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto.

Resulta importante señalar que el fondo permitirá al Gobierno de la Ciudad de México, cuente con recursos, para realizar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de los desplazamientos en la Ciudad; la idea de creación y naturaleza del Fondo de Movilidad, radica en garantizar el derecho de movilidad de todas las personas que se desplazan en la ciudad, así como que los recursos sean utilizados para el mejoramiento del servicio de transporte público, la sustitución de unidades o el mantenimiento de infraestructura.

Así, con fecha 15 de julio de 2015, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Movilidad, Publicó en su Gaceta Oficial número 133bis, el “ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS MORALES QUE OPEREN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL”, en el que la motivación para su emisión se debió a la implementación de mecanismos tecnológicos para la prestación del servicio privado de auto con chofer, con el cual se desprende la necesidad de crear un registro con el objeto de tener conocimiento de las actividades de las personas morales que llevan a cabo el control, programación y/o geolocalización de unidades que se encuentran integradas en las plataformas y demás información que pueda ser útil, para garantizar certeza, eficacia y seguridad en los traslados y con el objeto de que la Administración Pública cuente con conocimiento y control de la prestación del servicio de transporte privado; y fundándose en la propia ley que regula la prestación de los servicios de transporte privado de pasajeros y ordena que éstos deberán contar con el debido permiso otorgado por la Secretaría, tal y como se ordena en el artículo 125 de la Ley, el cual a la letra ordena:

“Artículo 125.- Para la prestación de los servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como para el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su equipamiento auxiliaren el Distrito Federal, los interesados deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos correspondientes.”

Ahora bien, de relevancia para el presente punto de acuerdo respecto del ACUERDO referido y que regula a las llamadas AAPS, para la prestación de servicio privado de transporte, es lo relacionado con el pago de derechos y de manera específica a la obligación establecida sobre el pago equivalente al 1.5% por cada viaje realizado, recursos que por orden del propio acuerdo serían destinados al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, cuestión que se ordena dentro del punto PRIMERO, inciso f), del acuerdo y que a la letra ordena:

“PRIMERO.- Las personas morales que operen y/o administren por sí mismas o a través de sus subsidiarias, aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal, deberán registrarse por única ocasión ante la Secretaría mediante el portal oficial www.semovi.df.gob.mx en adelante “el portal”, llenando los campos o enviando copia digital para su cotejo, de los siguientes documentos y/o requisitos:

  1. f) Una vez leído el convenio mediante el cual se comprometen a realizar aportación de 1.5% por cada viaje realizado, al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, seleccionar aceptar en su caso.

…”

De todo lo anterior, podemos observar que por Ley fue creado un Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, que principalmente se nutre de los recursos que le son otorgados a través del presupuesto de egresos de la Ciudad y que este año ascendieron a la cantidad de $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); por otro lado el acuerdo que regula la prestación de los servicios privados de transporte con chofer a través de aplicaciones por teléfonos inteligentes, ordenó crear el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 32 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, ordena la creación del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo fin radica en garantizar el derecho de movilidad de todas las personas que se desplazan en la ciudad, así como que los recursos sean utilizados para el mejoramiento del servicio de transporte público, la sustitución de unidades o el mantenimiento de infraestructura.

SEGUNDO.- Que el 15 de julio de 2015, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Movilidad, Publicó en su Gaceta Oficial número 133bis, el ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS MORALES QUE OPEREN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE LAS CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL.

TERCERO.- Que el acuerdo referido en el punto anterior, ordena como obligación, a las empresas que presenten el servicio de transporte privado de pasajeros a través de aplicaciones a contribuir con la cantidad equivalente al 1.5% por cada viaje realizado, recursos que deben ser destinados al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.

CUARTO.- Que la motivación para la emisión del acuerdo, básicamente se desprendió de la necesidad de crear un registro con el objeto de tener conocimiento de las actividades de las personas morales que llevan a cabo el control, programación y/o geolocalización de unidades que se encuentran integradas en las plataformas y demás información que pueda ser útil, para garantizar certeza, eficacia y seguridad en los traslados y con el objeto de que la Administración Pública cuente con conocimiento y control de la prestación del servicio de transporte privado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Diputación Permanente de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE EXHORTA AL SECRETARIO DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO EN EL QUE SE INDIQUE DE MANERA CLARA LOS INGRESOS, EGRESOS Y A CUÁNTO ASCIENDE ACTUALMENTE EL FONDO PARA EL TAXI, LA MOVILIDAD Y EL PEATÓN, CREADO POR ACUERDO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2015, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NÚMERO 133BIS, Y QUE SE DEBE INTEGRAR POR EL EQUIVALENTE AL 1.5% DE LOS INGRESOS POR VIAJES REALIZADOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE APLICACIONES.

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