Posicionamiento sobre la medición de la pobreza (INEGI-CONEVAL)

“Esto no nos va a afectar.” Economista Andrea Legarreta.

La frase enunciada que enmarca el inicio de mi participación es sarcásticamente asertiva para la situación que nos convoca. Como soberanía legislativa nos atañe y nos corresponde como derecho y como obligación no solo impulsar, sino también buscar alinear todos los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad para alcanzar la mayor eficiencia presupuestal con la maximización del beneficio público que ello implica. Cabe mencionar, que este beneficio público lleva implícito el combate a la pobreza y el desarrollo económico máximo posible para con los capitalinos. Para ello, es importante la asignación de los recursos públicos con base en prioridades y dos factores implícitos directamente vinculados; los ingresos, para saber cuánto hay; y los egresos, para saber en dónde lo gastamos.

La parte de los ingresos, se compone de la recaudación local y la participación federal, y éstas nos dan un abanico de posibilidades que nos muestra cuál es el alcance del ejercicio del gobierno en términos presupuestales; los egresos, por otra parte, gozan de un carácter definitorio a través del gasto público, y por medio de él se garantiza la creación, modificación o terminación de políticas públicas y de carácter social.

¿De qué manera se puede llegar a pensar que el hecho de modificar la medición del ingreso de los ciudadanos no repercute de manera profunda en las finanzas públicas? Es esa misma medición la que orienta y alimenta como un insumo el motor de la recaudación para el buen tránsito gubernamental. Es decir, gran parte de la recaudación guarda una estrecha relación con la medición del ingreso, sobre todo en términos de la efectividad recaudatoria sobre la base gravable total; esa misma medición, en el mismo sentido, opera en el destino del gasto, pues la medición como tal funge como una base o un argumento preponderante en la definición de prioridades para asignar el gasto de los recursos públicos y así atender las distintas necesidades de los diferentes sectores de la población.

En esta medición del ingreso podemos destacar un grupo poblacional de especial importancia: aquellos que se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínima, “los pobres”. La pobreza es un concepto de difícil definición. Sin embargo, se han realizado enormes esfuerzos en la materia para concretar un grado de aproximación que la define como la condición o padecimiento en el que las carencias más graves, perjudiciales e indignantes que la humanidad ha enfrentado a lo largo de la historia se hacen presentes. Dicho de otro modo y como ya lo mencionaba, como común denominador dentro de las múltiples aproximaciones metodológicas se puede observar que la pobreza en general se traduce como la situación en la que la cotidianeidad del individuo se encuentra debajo de cierta línea de bienestar, que representa una serie de carencias sistemáticas no resueltas, observable y tangible en la imposibilidad de concretar un desarrollo humano mínimamente digno. En este sentido, lo más importante para entender y aclarar es que, como lo menciona Abhijit Banerjee, la “Pobreza no es únicamente falta de dinero; es no tener la capacidad de realizar el propio potencial de forma plena como ser humano”.

Por supuesto, como ya lo mencionaba, la pobreza y la desigualdad no son condiciones ajenas a las realidades de nuestra nación y de ésta capital social. Decía Carlos Monsiváis, tan válido hace 16 años como hoy, sobre las fatalidades de clase y de nación: “no hay salida para las criaturas de la penuria porque su origen es su mala suerte y la pobreza es un error moral, un defecto ontológico a partir de un hecho: la imposibilidad de elegir.” Y es, justamente, esa imposibilidad de elección, la trampa de la pobreza, la desigualdad, el inmovilismo social, los mayores retos a afrontar como sociedad y como gobierno para la construcción de una patria ordenada y generosa, para una vida mejor y más digna para todos.

Sin embargo, hay una tarea imprescindible y necesaria para dar atención suficiente a la pobreza y esta es su medición. Lo que no es medible, no es mejorable. Y, por lo tanto, todo diseño presupuestal y de política pública debe comprender la mayor información posible sobre la problemática y el público objetivo que deberá de atender. Nuevamente, La estimación de una serie de variables asociadas con los ingresos y los gastos de los hogares, plasmados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogar (ENIGH) y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) del INEGI, es el insumo informativo del que se sirve el CONEVAL para realizar las mediciones de pobreza.

Dicha medición es el recurso de mayor utilidad para dar seguimiento al comportamiento de la pobreza y, en general, del desarrollo económico de México. Además, en México gozamos del privilegio de haber dotado de autonomía constitucional a las dos instituciones pilares de dicha medición: el INEGI y el CONEVAL. Por si fuera poco, nuestra medición de la pobreza es multidimensional, es decir, comprende una serie de variables sobre bienestar y desarrollo que, para el caso de la evaluación del CONEVAL, se compone de 8 indicadores por ingreso, educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos en la vivienda, alimentación y cohesión social.

Lo anterior, de tal forma que la pobreza no se refiera únicamente a limitaciones en materia de ingresos, sino también a vulnerabilidades por carencia de derechos sociales. Por supuesto, la medición de la pobreza implica hacer de ésta una variable comparable con años previos de tal forma que su comportamiento pueda ser monitoreado en el contexto de las políticas gubernamentales establecidas para su atención y así determinar el funcionamiento, permanencia, creación, modificación o terminación de políticas públicas. Sin embargo, las modificaciones arbitrarias, unilaterales e irresponsables del INEGI en la metodología para la medición del ingreso hacen de la labor comparativa de la pobreza una imposibilidad, que arrastra consigo años de estudio sobre la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico de México.

No solo eso, el INEGI y en consecuencia el CONEVAL nos han dejado completamente desprotegidos en términos de cobertura informativa derivado de una mala coordinación y comunicación institucional. Como instituciones, su credibilidad resulta fundamental no solo en el funcionamiento interno de la vida pública de México sino también en el plano internacional. Los indicadores, las mediciones y la información que vierten estas dos instituciones son un marco de referencia a nivel mundial que nos vuelve comparables en distintos contextos con diferentes latitudes. Por otra parte, nos posiciona como sujetos de beneficios a nivel internacional y nos vuelve parte en las dinámicas de trabajo de organizaciones como el Banco Mundial o programas de trabajo de las Naciones Unidas. El diálogo entre el INEGI que recaba los datos y el CONEVAL que los utiliza para medir pobreza es fundamental, es esencial. Uno no puede tomar decisiones sin el otro porque las implicaciones son totalmente catastróficas, al grado de volver inoperante una medida de desarrollo cuya continuidad se garantizó por más de 30 años.

Una de las primeras consecuencias directas de esta situación me atañe como Presidente de la Comisión de Hacienda. Como ya lo explicaba de manera más general, los estados y la Ciudad de México reciben ingresos desde la Federación de múltiples maneras. Una de ellas, por medio de Participaciones, también conocidas como recursos del Ramo 28, estas corresponden a reparticiones que hace el gobierno federal sobre la recaudación de impuestos federales; y que no se estipula de manera previa cómo ni en qué se gastarán. Es decir, son solo recursos que se reciben por pertenecer al Pacto Federal. Entre estos recursos no esperamos modificaciones, al menos de manera estrictamente directa en su distribución, ya que entre los componentes de sus fórmulas que se ocupan para su designación, no se considera a la pobreza, en ninguna de sus definiciones.

Sin embargo, este no es el caso de los recursos denominados Aportaciones (o del Ramo 33). Estas Aportaciones son recursos que se distribuyen entre las entidades federativas de forma tal que se cumplan objetivos específicos, como puede ser apoyar a los sistemas de salud, educación, seguridad pública local, y más en general a las finanzas de las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales.

Estos recursos distribuidos entre 8 fondos de aportaciones (para la nómina educativa, para los servicios de salud, para la infraestructura social, para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, de aportaciones múltiples, para la educación tecnológica y de adultos, para la seguridad pública de las entidades, para el fortalecimiento de las entidades) son de vital importancia para las entidades, principalmente en el fortalecimiento de la agenda de desarrollo social, en la que ya se divisa un rezago amplio y notorio.

Entre estos recursos, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, compuesto por el 2.53% de la Recaudación Federal Participable, está destinado exclusivamente a la creación de obras en inversiones que beneficien directamente a la población que se encuentra en situación de extrema pobreza. Para el año 2016, el Presupuesto de Egresos de la Federación asigno a la Ciudad de México un monto total de 820 millones de pesos.

Dado que la fórmula de distribución de este fondo se compone por las mediciones de extrema pobreza, y carencias sociales, generada por el CONEVAL a partir de la recolección de información del INEGI, por medio de la incorporación a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares del Módulo de Condiciones Socioeconómicas; y que para 2015 fue anunciada un cambio de metodología que lo hace incompatible con las demás muestras, además de mostrar que los resultados obtenidos por analistas y académicos, reportarían grandes y artificiales reducciones en los distintos niveles de pobreza; hacen esperar cambios en la distribución de recursos de este Ramo, sin poder determinar al momento sus dimensiones.

El Doctor González Licona, director del CONEVAL, ha adelantado que no emitirá sus resultados de medición de pobreza hasta que INEGI no emita un producto comparable con los ejercicios anteriores, actitud que respaldamos. Incluso organismos internacionales como CEPAL han anunciado que emprenderán acciones para revisar las metodologías empleadas, y poder emitir recomendaciones a las autoridades nacionales de generación de información.

Todas las implicaciones nacionales e internacionales que tiene el haber modificado la metodología debieron de haber sido previstas y tratadas de manera previa. Aunque no se hizo, hoy debe hacerse. Debe de haber claridad metodológica, censal, informativa y en consecuencia presupuestal. Debe de ser consistente y comparable con datos pasados o debe de haber algún tipo de política uniformadora. Todo ello es importante en el marco de un tratamiento adecuado al tema de la pobreza, a que la medición también sea la correcta y por ende los esfuerzos del gobierno sean cuantificados de manera íntegra. Aplaudimos el trabajo conjunto entre ambas instituciones aunque sea tardío. Y Finalmente, por parte de esta soberanía y su servidor, buscamos dejar en claro que seguiremos salvaguardando el equilibrio presupuestal en términos de las implicaciones que cualquier factor de medición pudiera tener sobre las finanzas públicas y los habitantes, sobre todo aquellos en situación de vulnerabilidad y pobreza, de esta Ciudad Capital. Por lo demás, les agradezco atención y me pongo a sus órdenes para todo aquello que abone a la Ciudad Que Merecemos todos los que habitamos la Ciudad de México.

Next ArticleFundamental contar con claridad metodológica, censal, informativa y presupuestal en los cambios realizados a la medición de pobreza del INEGI: Dip. Andrés Atayde