Posicionamiento con motivo de la Iniciativa de Reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX

“Queremos un México en el que la economía se organice en función de las personas y de las familias”
Don Luis H. Álvarez

Con la pasada reforma constitucional, de enero de 2016, y con la expedición de la primer Constitución Política para la Ciudad de México, el pasado 5 de febrero, se abre un nuevo capítulo en la lucha, en la que, de forma gradual, pero sostenida, las y los vecinos, de esta Ciudad, continuamos homologando nuestros derechos a los del resto de las Entidades Federativas.

Para esto, es necesario comprender que, la expedición de una Constitución para la Ciudad, es apenas el primer paso de un largo camino de creación, adecuación y armonización normativa.

La presente Iniciativa de Ley, por la que se reforman diversas disposiciones, y la denominación, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, sin duda, un paso trascendente, donde se plasma la visión, estructura, y ejes de coordinación que nuestra urbe requiere para la correcta regulación de las actividades económicas, que favorezcan al crecimiento económico y consolide los cambios emanados de la Reforma Constitucional y reflejados en la Constitución de nuestra ciudad.

El economista británico Arthur Pigou, en su teoría del interés público de la regulación, plantea que, los mercados con ausencia absoluta de regulación muestran fallas sistemáticas, que van desde la aparición de monopolios, hasta las ya distinguidas externalidades; y especificaba, que “Los gobiernos que buscan un estado de bienestar social, contrarrestarán estas externalidades, y protegerán a la sociedad con óptimas regulaciones”, si, óptimas.

Como legisladores, tenemos la obligación de cumplir con la responsabilidad de regular, pero de forma tal que se incentive la actividad económica, que las personas de nuestra Ciudad, encuentren mayores incentivos a la formalidad y a la legalidad, ese es el reto que nos planteamos en esta Iniciativa.

Cada uno de los artículos que contiene esta propuesta de Ley tiene soporte en la vigente Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, pero se aterrizan y clarifican los enunciados propuestos en la Constitución local que competen a este tema. Se realiza una correcta adecuación de la norma para poder llegar a un texto armonizado, en adición a lo anterior, cabe resaltar la realización de la investigación técnica, sobre lo que se denomina como “Teoría de la regulación económica, y las barreras de entrada”, aproximaciones académicas en las que basan los distintos organismos internacionales para sus propuestas en materia de mejora regulatoria.

Según la Comisión Federal en la materia, la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

A manera de ejemplificación, tenemos el influyente reporte Doing Business, elaborado anualmente por el Banco Mundial. En dicho reporte, en su ranking, de formato sub-nacional, nuestra Ciudad se colocó para 2017 en el segundo lugar… pero viéndolo de abajo para arriba, es decir, sólo Oaxaca tiene peores regulaciones que nosotros, en cuanto a la facilidad de abrir una empresa. En el tema de “Apertura de empresa”, que atañe a esta Iniciativa, se nos coloca en la 18ª posición. Mucho tenemos que aprender de las entidades que nos superaron, como Nuevo León, Puebla, Guanajuato, y Querétaro.

Insto, debemos de asumir la mejora regulatoria y la simplificación administrativa como pendientes de esta Asamblea, de no hacerlo, deberemos aceptar los efectos que esto conllevara en el proceso económico, la competitividad, la informalidad, y los bajos niveles de empleo, ahora con bajas remuneraciones. Esta iniciativa, se presenta con responsabilidad, buscando hacer más sencillo a las personas operar sus propios negocios.

Para ello, nuevamente tenemos que hablar del gobierno de proximidad, que aún se encuentra excesivamente acotado. En congruencia con la iniciativa de Ley Orgánica de Alcaldías, que hace unos días presentamos como Grupo Parlamentario ante esta Asamblea, se busca simplificar el procedimiento de verificación de establecimientos mercantiles, que sea facultad de cada alcaldía que lleven a cabo este procedimiento, ya que al ser el nivel de gobierno más próximo a las personas, tiene sentido que sea ahí donde se lleve a cabo la supervisión de lo que ocurre dentro de la demarcación territorial, evitando así la participación de intermediarios ineficientes, como lo es aún  hoy, el INVEA, buscando con ello una mejora sustancial en el procedimiento de apertura de establecimiento.

En ese tenor, se optimiza el funcionamiento del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), ahora unicamente las alcaldías y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), de la cual depende el sistema, podrán acceder a la información del SIAPEM, esto con la finalidad de que las autoridades puedan tener mayor información de los establecimientos mercantiles formalmente registrados en el sistema.

Cabe mencionar que el SIAPEM está diseñado para brindar al ciudadano que busca abrir su negocio, o que ya está en operación, la información que necesita conocer, de manera clara y simplificada, para cumplir con la normatividad de manera adecuada en cuanto al registro de su establecimiento.

Otra modificación importante es la utilización de la Unidad de Medida y Actualización como referencia para la aplicación de sanciones para aquellos que incumplan con alguna obligación relacionada con esta ley, toda vez que el transitorio tercero y cuarto del decreto del 27 de enero de 2016 en materia de Desindexación del Salario Mínimo, así lo mandata y es deber de esta Asamblea cumplir con lo dispuesto.

De la misma manera las alcaldías tendrán la atribución de manera exclusiva de autorizar la ubicación, funcionamiento y tarifas de los establecimientos, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México y que dentro de nuestra propuesta se encuentra plasmada dicha atribución.

El espíritu de esta Ley sigue siendo dotar a las y los pequeños locatarios, micro y medianas empresas, de certeza jurídica en los procedimientos de apertura, modificación, traspaso, o cierre de sus negocios, y la aplicación de controles para garantizar que los establecimientos a los que nosotros acudimos como consumidores, cuenten con las mejores condiciones de funcionamiento, seguridad, no discriminación,  y competitividad.

Ahora en nuestra propuesta el procedimiento de verificación lo llevaran a cabo las Alcaldías, que serán la autoridad más cercana a las familias y ciudadanos en general, con los elementos de transparencia, rendición de cuentas y audiencia ciudadana.

Por ello, las alcaldías en sus respectivos programas de gobierno deberán buscar el fomento y desarrollo económico de los establecimientos mercantiles de cada una de sus demarcaciones territoriales.

La amplia gama de leyes que regirán a la Ciudad de México, encontrarán el punto equidistante en coordinación y trabajo de un orden jurídico siendo accesible en su aplicación. Esta Ley de Establecimientos Mercantiles no será la excepción, ya que cuenta con todas las bases jurídicas sustanciales, con el correcto orden y estudio en su composición, dejando atrás las ambigüedades y limitaciones que encontramos en su antecesor.

Lo anterior, en suma, busca generar en la ciudad, el fomento económico que tanto nos hace falta a las y los habitantes, un conjunto de elementos que las autoridades en el gobierno de la ciudad deben aportar y que lamentablemente se ha quedado rezagado en las acciones para lograrlo.

Con esto, Acción Nacional desde esta tribuna, demuestra su compromiso por aportar las mejores condiciones para las y los vecinos de nuestra ciudad, la manera más adecuada de hacerlo es a través de acciones concretas y basadas en evidencia e investigación técnica que se traduzcan en acciones con sentido de bienestar ciudadano, proponiendo un marco normativo simple y justo que lleve a la Ciudad al bien común.

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