Posicionamiento con motivo de la Iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para la CDMX

“Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro” decía Manuel Clouthier; nada más descriptivo de lo que hoy acontece; de nada servirá que le cambiemos el nombre a las Delegaciones y les llamemos Alcaldías, si no modificamos el fondo. Para mí, este no es un discurso más: es quizá el día en que podemos transformar, a través de un producto legislativo, la realidad y perspectiva de la capital de nuestro país.

La semana pasada, la Diputada Elena Segura puso el ejemplo y la vara muy alta en el sentido de establecer una Ley de Coordinación Fiscal. La reconozco y le aplaudo por su intención.

Acción Nacional busca profundizar en este tema: busca que la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México no se quede sólo como anécdota en lo que respecta a las finanzas públicas, sino que marque un hito en la historia.

Comencemos por definir lo que es la Coordinación Fiscal: en términos prácticos es el pacto en el cual las Administraciones Públicas de los tres niveles de gobierno establecen la asignación de responsabilidades recaudatorias y de gasto. Por tanto, lo que buscamos desde el PAN es promover la existencia de nuevas formas para no solamente distribuir los recursos públicos entre el Gobierno de la Ciudad de México y las próximas Alcaldías, sino también para gastarlos mejor; a través de la creación del Sistema Fiscal de la Ciudad.

Hay quienes piensan que el Gran Planeador Central, llamado Gobierno, es la mejor opción para cubrir estas tres actividades: recaudación, distribución y gasto. Pero lo que nos ha faltado, entre otras cosas, a quienes nos dedicamos a la actividad pública, es formalizar el estudio de la cosa pública a través del uso de la técnica. No opiniones ni “me lates”, sí ciencia social y sí evidencia empírica. La lógica de la Coordinación Fiscal entre los distintos niveles de gobierno reposa sobre las teorías de la descentralización fiscal, es decir, la manera en la cual son diseminadas las responsabilidades en cuanto a la recaudación y el ejercicio del gasto público entre la Federación, los Estados y las Municipalidades. La teoría más reconocida sustenta su visión en una clara hipótesis nula: la descentralización fiscal fomenta el crecimiento económico y la dotación más eficiente de bienes y servicios públicos en las municipalidades.

Esta división de funciones siempre se ha encontrado en debate, mostrando complicaciones que van desde la definición de un bien público impuro, hasta la teoría de la revelación de preferencias de la demanda.

En 1972, el economista Wallace Oates dijo que una de las principales funciones de los gobiernos es la de proveer una cantidad eficiente de bienes y servicios públicos. La pregunta fue, es y seguirá siendo: ¿Quién puede y debe cumplir mejor esta función? El primer gran problema es que existen asimetrías en la información. Me explico: los Gobiernos Centrales suelen ser menos capaces que los Locales para conocer las diferentes preferencias de los habitantes en las distintas regiones, por lo tanto, los gobiernos más desagregados cuentan con mejor información sobre dichas preferencias en el consumo de bienes públicos de su respectiva población, y, por lo tanto, la dotación de bienes y servicios públicos es más eficiente. Lo que esto quiere decirnos es que los gobiernos de proximidad, justamente los que todas y todos aquí hemos promovido y defendido, son, según la teoría y la práctica, mejores que los demás niveles de gobierno para internalizar las preferencias de su comunidad. ¿Quién mejor que el representante de una demarcación territorial para conocer sus demandas?

La descentralización fiscal en las distintas economías del mundo ha mostrado estar relacionada con mayores niveles de PIB per cápita; de hecho, se ha encontrado que el impacto suele ser mayor cuando la descentralización se da hacia la recaudación, y no exclusivamente al gasto. Busquemos establecer los incentivos similares y alineados para generar los efectos antes mencionados, a través de la mejor distribución y una mejora sustantiva en el gasto. ¿Por qué? Porque cualquier economía crece a través de mejorar su función de producción agregada, misma que está sujeta al capital físico y humano y del progreso tecnológico. No tenemos que ser doctos en la materia, entonces: debemos generemos incentivos para mejorar estos tres factores. Aquí justamente está, desde nuestra perspectiva, lo creativo de nuestra propuesta.

En el caso de nuestra Ciudad, los recursos públicos que van dirigidos a las Delegaciones se reciben por medio de partidas especiales preestablecidas anualmente. Estos recursos asignados carecen de criterios técnicos y específicos, y generalmente obedecen a una lógica de negociaciones políticas, dejando de lado indicadores de avance, además de que los depósitos no cuentan con un calendario que se respete (no me dejarán mentir los que aquí fueroNs Delegadas y Delegados). Estos dos problemas: la distribución del recurso sin fórmulas claras y que sí tienen el resto de las entidades federativas, y la poca consistencia en las transferencias, deberían sostener un sistema de coordinación fiscal. Hoy, esto impide a las mismas demarcaciones planear óptimamente su gasto e impide alcanzar el potencial en cuanto a elevar el nivel de calidad de vida de su población.

Con todo lo anterior y habiendo realizado un estudio con enfoque comparado de las Leyes de Coordinación Fiscal de todos los Estados del País, así como de la Ley de la misma materia a nivel Federal, entraré en materia del documento que hoy entrego.

La descentralización fiscal en la Ciudad de México, por medio de una Ley de Coordinación Fiscal, debe partir del conocimiento de que a diferencia de lo que sucede con el resto de Alcaldías del país, las nuestras no contarán con atribuciones recaudatorias. Esto, según la teoría anteriormente explicada, limita en parte sus potencialidades de promover el proceso de crecimiento económico de la Ciudad. Por lo que, para lograr este cometido, los policy-makers, nosotros, contamos solamente con la oportunidad de producir un esquema adecuado para la distribución y una generación de incentivos claros para mejorar el gasto, a través de provocar la optimización del sistema recaudador del Gobierno de la Ciudad. Nótese lo que estamos tratando de hacer: vincular el proceso de distribución justo, con la existencia de mecanismos que propicien un mejor gasto, y todo esto gracias al mejoramiento de la recaudación por parte del Gobierno de la Ciudad con las reglas preexistentes. Un juego ganar-ganar en donde se requiere una sola cosa: voluntad política para ser transparentes. No necesitamos más. Proponemos un Sistema de Coordinación Fiscal con criterios que son contemplados en otras entidades federativas, pero ensamblados de manera única; un Sistema de Coordinación Fiscal que deba fungir no solamente como un instrumento de distribución, sino también optimizador del gasto y de eficiencia recaudatoria.

Comencemos pues, con las fórmulas y el esquema de incentivos. Recordemos las tres palabras mágicas: recaudación, distribución y gasto.

El Gobierno de la Ciudad de México hoy no tiene incentivos claros para recaudar de manera óptima, lo cual, hago la aclaración, y que quede asentado en actas, NO significa cobrar más, sino ampliar la base recaudatoria y que los que hoy no pagan, paguen. Pero también lo digo fuerte y claro: en el tablero político y bajo la perspectiva de la teoría de juegos, existen jugadores individuales y colectivos, y todos se mueven en función del cálculo y de los incentivos. En nuestro sistema, estos incentivos son las leyes y lo que hay detrás de las mismas. Por lo que el Gobierno de la Ciudad de México, sin importar colores, lo han hecho todos, hoy no interpreta las normas vigentes de tal manera que le convenga hacer algo diferente. ¡Éste es el reto! Cambiar el cuadro normativo parar que el Gobierno Central, el de hoy y el de mañana, tenga un incentivo claro para medir su propia eficiencia en la recaudación, y con ello obtener más porcentaje de los recursos recaudados, para que cuando no suceda eso, las Alcaldías reciban más. El mismo indicador, será utilizado para la asignación de los recursos federales en los cuales tenemos facultades para intervenir. Entre ese pastel a repartir, el de participaciones federales, establecemos intervalos cerrados de porcentajes con sus respectivos límites inferiores y superiores, de tal manera que cumplamos con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal Federal respecto al mínimo a considerar para las Alcaldías, teniendo entonces que éstas puedan recibir más del 20%, pero no menos.

Posteriormente, ya que obtuvimos este factor X, que nos dice el porcentaje del pastel de participaciones locales y federales que irán destinados a las Alcaldías, establecemos cómo distribuir los recursos entre las propias Alcaldías. El segundo gran tema. Proponemos un método técnico, matemático, comprobable y medible, sin desviaciones políticas, sin filias ni fobias. Lo mismo que sucede en otras entidades federativas y en la Federación a la hora de repartir a sus municipios y Estados, respectivamente. Para ello, planteamos siete componentes que explicaré, grosso modo, a continuación:

  1. El primero premia o castiga a quien haya realizado más o menos inversión en lo que denominamos “Erogaciones en Capital Socialmente Productivo”, en comparación con el nivel de inversión de las otras alcaldías. Queremos premiar a las Alcaldías que generen por sí mismas crecimiento económico. Más gasto de inversión, menos gasto corriente. Esto es lo que exigen las y los vecinos de la Ciudad;
  2. El segundo componente está en función de la población. Este componente, al igual que el quinto de nuestra propuesta, el del número de las Demarcaciones Territoriales, son cifras que deben ser consideradas para que la designación de los recursos alcance, sea justa y sea eficiente;
  3. El siguiente componente impone un incentivo para la reducción de la población en situación de pobreza. No basta darle más a quienes más personas en situación de pobreza tienen, sino también darle más a las Alcaldías que hayan logrado a través de su trabajo, la reducción de dicho porcentaje, en comparación con el dato anterior. Premiemos los resultados, no la inercia;
  4. El cuarto está en función del Índice de Marginación. Lo mismo. Incentiva la reducción de este Índice a través de la inversión y el gasto eficiente. A mayor reducción porcentual de este índice, mayor asignación del pastel tendrá la Alcaldía;
  5. El quinto es un ponderador que reparte a partes iguales a todas las Alcaldías. Digamos que es el colchón de las que menos resultados otorguen. También pensamos en ellas;
  6. El sexto y séptimo respetan lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México y consideran las áreas verdes y el suelo de conservación de las demarcaciones territoriales, así como la extensión territorial de la demarcación, respectivamente. Estos datos difícilmente varían con el paso de los años.

Diputadas y Diputados de la última Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la Séptima. En este proceso de aprobación de Leyes Secundarias tenemos la oportunidad de dejar un legado que va más allá de nuestros partidos políticos y de nuestras próximas legítimas aspiraciones. Porque independientemente de los intereses de cada uno, siempre presumimos, ya sea en redes sociales o incluso en la familia, que somos de la Ciudad de México. Hoy podemos dejar una huella que pocas veces se observan con el paso del tiempo. Quiero pedirles que lean lo hoy presentado, lo juzguen y lo critiquen. Estoy convencido que a través del debate tendremos la mejor de las Leyes de Coordinación Fiscal. Estemos a la altura de las circunstancias y del momento histórico en el cual estamos siendo protagonistas, y dejémosle a nuestros hijos y nietos, la mejor de las ciudades posible: la que también todos nosotros, merecemos.

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