Morelia: Caso de éxito con reducción de comercio ambulante

En mis intervenciones pasadas he podido aburrirlos un poco con parte del enfoque teórico de la economía informal. Se expuso literatura técnica sobre el tema, así como la relevancia que tiene emitir políticas públicas que fomenten el crecimiento económico a través de la generación de los incentivos correctos para las empresas y los individuos. El día de hoy me permito terminar este tema, mostrando que en México tenemos un caso de éxito al momento de buscar reducir el comercio ambulante informal.

Meneses (2008) propone tres dimensiones o tipos ideales regulatorios respecto a la existencia de comercio ambulante: el primero, la prohibición; el segundo, la negociación que contempla la regulación y la reubicación de los grupos ambulantes; y, tercero, el conflicto entre la autoridad local y los ciudadanos que ven como su derecho el poder comerciar en las calles.

Tenemos como caso particular el del Centro Histórico de la Ciudad de Morelia en el Estado de Michoacán. Esta zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991 por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), propiciando un fuerte incentivo al ambulantaje para adueñarse de este espacio público de tal manera que complicó el acceso a la zona, y tuvo un efecto negativo en el goce del espacio turístico. El gobierno municipal creó en 1999 el Patronato Pro-Rescate el Centro Histórico con el objetivo de reubicar a más de 1,500 ambulantes, buscando tener un mejoramiento considerable en la imagen urbana y una mayor derrama económica en la formalidad. El Patronato se compuso por 68 personas, y supo desde el principio y desde la visión plural, que el camino era el de la negociación y la aplicación de la norma sin privilegios, logrando consumar el fenómeno (para sorpresa de muchos) en 2001: el Centro Histórico logró deshacerse de los ambulantes permitiendo a los negocios formales aprovechar el boom turístico. Los resultados de esta política fueron benéficos para todos los actores: ambulantes, negocios formales, ciudadanos, turistas y gobierno. ¿Cómo se logró? El Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Morelia (1999) realiza un diagnóstico sobre las condiciones de la zona, concluyendo que 11.8% estaba en malas condiciones y que el 51.5% en estado regular. Las acciones del Patronato comprendieron coordinación por parte del gobierno municipal y estatal (mismos que mandaron los mensajes correctos de voluntad política, así como el acercamiento de la inversión privada para financiar el proyecto) y de la presidenta del Patronato (Esperanza Ramírez, experta de la historia del centro histórica de Morelia). El programa integral consistía en tres partes: la primera, consistió en mudar oficinas gubernamentales, lo que permitió que por lo menos 30,000 personas diariamente ya no fueran a visitar la zona para trabajar; la segunda, en cambiar la ubicación de la principal terminal de autobuses, dando como efecto que por lo menos 1,200 unidades de transporte ya no pasaran por el centro al día; y la tercera, reubicar al comercio ambulante que se había adueñado de la zona. La consumación del tercer paso ocurrió sin violencia y con la presencia de notarios y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que generó un estado de paz y de tranquilidad en la capital. Los gobiernos estatal y municipal cumplieron los acuerdos con los grupos de ambulantes, de tal manera que el pago del nuevo local de los comerciantes su cubriría a 10 años a través de un Fideicomiso (Cabrales; 2002).

Una política que busque reducir el ambulantaje no debe buscar solamente la re-apropiación del espacio público por parte de la autoridad, sino que debe atacar la evasión fiscal, la competencia desleal entre los informales y los formales, el mejoramiento de la imagen urbana (la basura que ocasiona), así como minimizar el congestionamiento vehicular que impide la cómoda circulación peatonal (Cabrales; 2002).

Morelia es un auténtico caso de éxito en la reducción de ambulantaje informal debido a tres razones: primero, previo a tomar cualquier decisión, se decidió conocer el problema a fondo, conociendo incluso las características de la población que se dedicaba al ambulantaje en la zona en cuestión; la segunda, es que en Morelia existió en todo momento voluntad social y política por parte de todos los actores, buscando un mejoramiento para la ciudad en su conjunto; y, tercero, mientras las autoridades en otras ciudades son parte del problema, pues reciben recursos políticos y económicos del ambulantaje, en Morelia la autoridad decidió crear un órgano plural mediante el cual cada acción tuviera amplios márgenes de legitimidad social y, a su vez, de legalidad. Es muy importante señalar que en Morelia el Patronato otorgó apoyo de la comunidad al proyecto, lo que permitió incrementar el costo de los ambulantes a mantenerse en el Centro Histórico de Morelia, teniendo incluso organizaciones universitarias que de manera voluntaria impiden el arribo de nuevos comerciantes a la zona.

Podemos encontrar condiciones específicas y medidas que puedan contener las políticas públicas para incrementar la probabilidad de reducir la actividad informal en la economía: primera, debe existir voluntad política, en primera instancia, de las autoridades que tienen relación directa e indirecta con el problema. De manera paradójica, quienes son los primeros en buscar mantener el status quo (ciudades con alta presencia de comercio ambulante informal) son los políticos, debido a que encuentran en estos grupos mucha facilidad para agruparlos y recibir apoyo político. Cuando las autoridades, dejando de lado las elecciones, visualizan que la incorporación del ambulantaje informal a la formalidad, genera mayores beneficios económicos para el agregado, la probabilidad de reducir la actividad informal incrementa. Por tanto, en la medida en que el comercio ambulante informal agrupado, sea mayor respecto a la población total de la ciudad o localidad en cuestión, la probabilidad de reducir la actividad informal disminuye; segunda, un programa que busque formalizar la actividad informal ambulante debe ser promovido con todo vigor y fortaleza legal y jurídica por parte del gobierno (otorgar legalidad a la política). No se permiten exenciones, privilegios ni negociaciones en este rubro. En la medida que el comercio ambulante informal agrupado perciba vacíos legales o duda por parte del gobierno para aplicar la ley, la probabilidad de reducir la actividad informal disminuye; mientras que si en la promoción de la aplicación del programa existe certeza jurídica y se invitan a organizaciones nacionales e internacionales que vigilen el respeto de los derechos humanos de los comerciantes, la probabilidad de reducir la actividad informal incrementa; tercera, se debe estudiar el problema desde un enfoque integral. Los programas o políticas que buscan reubicar a los ambulantes tienen como objetivo, muchas de las veces y entre otros, mejorar la imagen urbana de la zona en cuestión; pero definir como únicos culpables a los ambulantes no permite llegar a acuerdos justos en donde se privilegien los intereses de todos los actores. Es necesario realizar un estudio formal de las condiciones del espacio a recuperar, mismo que incluya el grado de impacto de otras variables como lo pueden ser el transporte púbico, las oficinas gubernamentales y privadas, centros comerciales, centros educativos, etc. Otorgar a cada componente su justo peso, eso dará legitimidad al proyecto y confianza a los ambulantes a la hora de negociar. En la medida que el diagnóstico del problema incluya todos los factores que afectan el problema, la probabilidad de reducir la actividad informal incrementa; cuarta, otorgar espacios en la mesa de negociación a diversos actores puede ayudar no solamente a comprender mejor el problema, sino a disminuir los costos de la negociación en términos de que se encuentren escenarios ganar-ganar (todos dispuestos a ceder o sacrificar algo). Historiadores, sociólogos y agentes de renombre pueden ayudar a darle legitimidad social al proyecto. En la medida en que el ciudadano tenga conocimiento del proyecto y lo apoye abiertamente pues encuentra más beneficios en hacerlo que siendo indiferente al problema, la probabilidad de reducir la actividad informal incrementa; y, quinta, en la medida que se hace evidente la urgencia de reubicar al comercio informal, la probabilidad de reducir la actividad informal incrementa. La urgencia puede definirse desde dos ópticas: la primera es la política, ya que la cantidad excesiva de ambulantes afecta electoralmente al gobernante. La presencia de ambulantes generalmente implica el uso indebido de servicios públicos por parte de éstos (luz, agua, estacionamiento, etc.) lo que provoca imperfecciones en la infraestructura de la calle donde se ubican, lo que genera costos para los ciudadanos. Además, se relaciona la presencia de más basura en la calle en la medida que se encuentra un comerciante ambulante, cuando para el ciudadano generalmente es un bien procurar la imagen urbana cercana a su domicilio o lugar de trabajo. La segunda, es la económica, ya que existen una competencia desleal por parte de los informales no incurriendo en costos básicos para el mantenimiento de un negocio (renta, luz, mantenimiento, actualización de licencias o permisos, pago de impuestos, etc.). Esto provoca que los negocios (sobre todo los pequeños y medianos) quiebren, teniendo un impacto negativo en la economía (caída del empleo, de la inversión, etc.). Adicionalmente, y cuando sucede lo último, la clase política encuentra presiones fuertes por parte de organizaciones empresariales que defienden sus intereses. En la medida en que se presentan situaciones de urgencia (política y/o económica), la probabilidad de reducir la actividad informal incrementa, ya que los políticos están más dispuestos a sacrificar o ceder beneficios con el objetivo de consumar la reducción de este sector.

Bibliografía

  • Cabrales, L.F. 2002; “El centro histórico de Morelia: gestión social y relaboración del patrimonio”; Anales de Geografía de la Universidad Complutense; Vol. 22: 131-156; ISSN: 0211-9803.
  • Meneses, R. 2008; “La negociación jurídica del derecho a la ciudad: Los ambulantes y el centro histórico de la ciudad de México”; UNAM, México.
  • Silva, D. 2006. “Espacio Urbano y Comercio en Vía Pública: Reglas, Redes y Uso del Espacio Público en la Ciudad de México”; Tesis para Maestría en Ciencias Sociales; FLACSO.
  • Stamm, C. 2007; “La democratización de la gestión de las plazas de comercio popular en el centro histórico de la Ciudad de México”; Trace, 51; 83-93.
  • Torres, R. 1998; “La re ordenación del comercio en la vía pública en el Distrito Federal. Programas 1997 y 1998”; Sociológica, #37; Economía informal, microempresas y estrategias de empleo.

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