La UACM y el derecho a la Educación Universitaria

México es un país que a lo largo de las ultimas décadas ha experimentado cambios que le han transformado. El régimen político se transformó a partir de reformas político-electorales, desde 1976 y hasta las de 1994, todas ellas orientadas a la apertura del régimen y a incluir a la oposición, redistribuyendo el poder entre las diferentes fuerzas políticas y generando un, más o menos exitoso, equilibrio de poderes. Es decir, México vivió un largo proceso de transición democrática, que culminaría en el año 2000 con la alternancia en el gobierno federal. Cambios, todos estos, de carácter políticos y electorales. Una vez concluida la transición, se esperaba un futuro promisorio para el país. Algo, que sigue pareciendo lejano. La transición política no fue suficiente.

Desde diversas perspectivas, esta transición política no fue suficiente porque se trató de un proceso de democratización que descansó en el reconocimiento paulatino de los diferentes derechos de libertad (personal, de expresión, de reunión y de asociación, básicamente) expresados en la normalización de las diferentes características de las democracias modernas, a saber, elecciones competidas y periódicas, voto libre y secreto, etcétera. Esta libertad conquistada durante múltiples procesos, de pronto, pareció una tragedia. ¿Cómo podrían los ciudadanos de una sociedad desigual ejercer libertades políticas en un contexto de indignantes carencias? ¿Cómo pensar en votar por tal o cual propuesta cuando el ingreso familiar no daba para la canasta básica? Las libertades políticas nacieron prenda de quienes cuentan con las condiciones materiales de ejercerlas.

Nuestra transición democrática, como han sugerido desde diversas posturas, requirió y requiere, una segunda transición que tiene que ver con hacer efectivos, y no retóricos, los derechos sociales (a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, etcétera), es decir, dotarlos de garantías que los vuelvan asequibles para los ciudadanos. Es decir, el acceso real a los derechos sociales, significa la condición para el ejercicio ulterior de los derechos de libertad, y no al revés, para que esos derechos, y con ellos las democracia, no sean mera apariencia, ni privilegios de quienes pueden tenerlos.

Desde las perspectivas dominantes desde las cuales se piensa a la economía en nuestro país, y sobretodo desde las cuales se diseñan los presupuestos gubernamentales, y más aún, del Estado, los recursos destinados a los derechos sociales, estos son tenidos por gastos y no por inversión. Se piensa al Estado como empresa que debe generar ganancia, y no como ente que debe, y que existe para, garantizar derechos.

Si los derechos sociales no se toman en serio por los gobiernos en sus diferentes niveles, la maduración de nuestra endeble democracia terminará por volverse una ilusión. Y tomar enserio, pasa por blindarlos de las posibilidades de ser usados como moneda de cambio para la conformación de clientelas políticas o nuevos corporativismos, como sucede constantemente en relación a los programas sociales ejecutados desde diversas entidades gubernamentales.

Un caso que sirve para problematizar y ejemplificar los retos y peligros que rodean a los derechos sociales es el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta Universidad, como tal se convierte en una garantía del Estado mexicano para dotar a los jóvenes de la Ciudad de México de acceso al derecho a la educación. Sin embargo, es una Institución, que a pesar de estar dotada de un presupuesto mayor a muchas universidades estatales, no da los mismos resultados que estas: sus números de matrícula, de egresados y titulados, dejan mucho que desear. Dejo un par de datos: el primero, al referirnos a la UNAM, la UAM y el IPN, la UACM alcanzó 59, 21 y 59 veces menos titulados que las universidades anteriores, respectivamente; y, el segundo, el costo por titulado para la UNAM es de $2,719, para la UAM es de $1,373, y para el IPN es de $1,201; mientras que para la UACM el costo por titulado es de $5,978. Entonces, ¿Cómo dotar a los jóvenes de la Ciudad de México del derecho a la educación universitaria si el mecanismo (la garantía) que es la UACM, es escasa en resultados? ¿Cómo conciliar el derecho a la educación universitaria con la eficacia que se esperaría de una Institución como la UACM?

El reto de dar un uso eficiente a los recursos garantizando derechos para así fortalecer nuestro sistema democrático, es enorme. Exige de quienes tienen en sus manos influir en el manejo de las finanzas pública hacerlo desde una perspectiva de derechos, y ya no solo economicista. Ese reto, pasa por tomar conciencia de que no se trata de someter a los derechos a la economía, sino de poner a la economía al servicio de la construcción de un eficaz sistema de derechos sociales.

Publicado originalmente en: The Mexican Times

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