La informalidad en México: Causas y Consecuencias (2da parte)

Causas económicas y políticas de la existencia de un fuerte sector informal en México.

La informalidad es una expresión de varias distorsiones en una economía y forma parte de un conjunto de relaciones entre diversos agentes económicos y el Estado, entendiendo a este último, como el encargado de minimizar o hacer desaparecer las fallas del mercado a través del otorgamiento de bienes públicos. Uno de los enfoques tradicionales bajo los cuales se entiende la informalidad es el de la exclusión, es decir, cuando los trabajadores no tienen la oportunidad de encontrar empleo en la formalidad, acuden por necesidad a la informalidad en donde no gozan de los servicios otorgados por el Estado, como lo es la seguridad social; y, cuando las empresas deciden por subsistencia transitar de la formalidad a la informalidad, debido a los altos costos que implica pertenecer a la economía formal. Este enfoque distingue tres límites entre las dos economías: el primero, la segmentación del mercado laboral; segundo, la alta burocracia y los altos costos de permanecer en la formalidad, sobre todo para las pequeñas empresas; y, tercero, la excesiva regulación y las presiones fiscales hacen que las grandes empresas operen un porcentaje de su operación en la informalidad. Sin embargo, para comprender a la informalidad desde el punto de vista empresarial, este enfoque es insuficiente: cuando alguna persona no está cómoda o no recibe mayores beneficios que costos por pertenecer a una organización, la persona puede tener dos tipos de reacciones. La primera es comentar su inconformidad y permanecer esperando que el entorno cambie a su favor, pero la segunda consiste en escapar de la organización apostando todo en otro lugar con los riesgos que eso implica. El segundo enfoque que complementa a la exclusión, es justamente el escape: desde el punto de vista de la modalidad empresarial (sector informal), las empresas pequeñas deciden y calculan que no necesitan y/o quieren los programas o beneficios que otorga el Estado, por lo que no pagan por ellos, mientras que las empresas grandes observan en el evadir impuestos con mecanismos sofisticados mayores beneficios que pagándolos (Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason, Saavedra-Chanduvi; 2007)[1]. En resumen, podemos decir que el enfoque de exclusión para el sector informal, reside en la necesidad de las empresas de salirse del sector formal, mientras que el escape al sector informal, se explica por el cálculo del costo-beneficio que hacen las unidades económicas empresariales sobre la pertenencia al sector formal, mismo que depende de los beneficios o pagos netos recibidos por la empresa al estar en la formalidad y por la capacidad del Estado de fiscalización, de audición y de penalización (Border, Sobel; 1987; Levi, 1988).

En cuanto a los beneficios que el empresario visualiza tener al estar en la economía formal, Dreher, Kotsoniannis y McCorriston (2005) relacionan la decisión del empresario para escapar de la formalidad con dos variables principalmente: la corrupción y la calidad institucional. La corrupción la entienden como la actividad ilegal que consiste en el abuso del poder por parte del político para obtener ganancias privadas, y que es caracterizada como factor de la caída del crecimiento y desarrollo económico, del nacimiento de una inversión distorsionante, de la baja calidad de los servicios públicos y del incremento de la desigualdad. En su marco teórico expresan su preocupación por los efectos que generan la informalidad sobre la recaudación tributaria y la calidad de la seguridad social ofrecida por el Estado. En su modelo colocan a las empresas como agentes racionales que calculan los beneficios y los costos que tienen por estar en la economía formal, mismos que incluyen el pago del político corrupto. Una de sus primeras conclusiones, es que altas tasas impositivas, sumadas a un alto pago por la seguridad social de los trabajadores y pocos beneficios otorgados por el Estado, generan incentivos para escapar del pago de impuestos (deseo racional de transitar de la formalidad a la informalidad). Sin embargo, la clave del modelo es la calidad institucional de la economía, buscando encontrar los efectos que ésta tiene sobre la economía formal y la informal. Las conclusiones más importantes de este modelo son: primero, que la informalidad genera incentivos para disminuir la corrupción y provoca que la economía formal sea mayor; segundo, que el tamaño de la informalidad se reduce con incrementos en la calidad institucional de una economía; tercero, la relación entre la magnitud de corrupción y la calidad institucional es ambigua; y cuarto, para efectos de México, aseguran que el tamaño de la informalidad y la cantidad de corrupción son muy altos.

Friedman et. al. (2000) presentan también un modelo que permite entender el enfoque del escape desde el punto de vista empresarial (sector informal). De manera muy explícita, plantean que el objetivo de su investigación es encontrar las causas que motivan a los empresarios irse a la economía informal. De manera pronta, arrojan dos posibles razones: la primera, las altas tasas impositivas, incentivando a las empresas a tratar de llevar su ingreso a otro sector; y, las deficiencias políticas y sociales que tienen las instituciones, como pueden ser la burocracia, la corrupción y un sistema legal débil. Afirman que la clase empresarial está dispuesta a pagar impuestos en la formalidad, siempre y cuando no haya abusos y se observen los ingresos tributarios en los servicios públicos[2]. Su hipótesis es que la existencia de instituciones débiles, va de la mano de la presencia de la informalidad. Utilizando varias variables para aproximar el desarrollo institucional[3], sugieren que la fortaleza de las instituciones reduce el peso de la economía informal. Contemplan que cuando una empresa enfrenta una burocracia pesada, lenta y onerosa, una corrupción acentuada y poca protección legal, el incentivo para el empresario es claro: irse a la informalidad, provocando esto un círculo auténticamente vicioso para la economía que termina por hacer aún más fuerte el incentivo del empresario[4]. Es así que Friedman et. al. (2000) concluyen que las principales causas del escape del empresario a la informalidad son: incremento de la corrupción en la economía (muy significativa) y la aplicación de políticas que generan una regulación excesiva.

¿Qué características de las ya mencionadas (políticas y económicas) están presentes en México? La transición de la economía formal a la informalidad debe permitirnos suponer dos escenarios (que no son mutuamente excluyentes): el primero, que los costos de la formalidad laboral son altos, las regulaciones para comenzar y mantener un negocio son excesivas y que la corrupción está arraigada en el sistema político mexicano; y, que los beneficios que otorga el Estado a los empresarios por pertenecer a la economía formal no son suficientes, sobre todo para las pequeñas empresas. En este sentido, México ha realizado varios esfuerzos por mejorar el cumplimiento y optimizar el monitoreo, como por ejemplo la disminución de las alícuotas, faltando quizá aún mejorar la revisión de mecanismos tecnológicos mediante los cuales las empresas logran evadir impuestos[5] (Flores, Zamora, Contreras; 2013).

Es así que si complementamos la visión teórica del problema con los datos arrojados por el INEGI y el diagnóstico de Doing Business, podemos proponer las siguientes razones económicas y políticas por las cuales existe una alta informalidad en México: primera, siguiendo el modelo samurái de Border y Sobel (1987), en México no existen los incentivos a pagar impuestos debido a que el Estado no envía mensajes costosos a los agentes, de tal manera que éstos calculen que al no pagar impuestos la penalización es alta, promoviendo que personas y empresas estén dispuestos a arriesgarse transitando de la economía formal a la informalidad. Es decir, la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, es baja; segunda, en México, tanto en la percepción como en comparación con los estándares internacionales, la calidad institucional es relativamente menor que otros países de la región, promoviendo que la corrupción encuentre cada vez más alternativas en el sistema político y en la economía formal para existir, así como para facilitar a los agentes económicos evitar el pago de encontrarse en la formalidad (Dreher, Kotsogiannis y McCorriston; 2005); tercera, falta de voluntad política por parte del binomio gobierno- empresarios para concretar una reforma que evite la evasión fiscal, incremente la base tributaria y permita al Estado recaudar más. La dependencia que el gobierno tiene respecto a los recursos financieros de la clase empresarial, ha permitido a ésta tener un derecho de vetar cualquier reforma que disminuya sus privilegios; pero además, la poca habilidad de los políticos y de sus técnicos para negociar una reforma ha sido históricamente limitada (Levi, 1988; Elizondo, 1994); cuarta, la presencia de una excesiva regulación por parte de las instituciones mexicanas para empezar, mantener y hacer crecer una empresa o negocio, impide a los empresarios poder pagar los costos de la formalidad (exclusión) o genera que el cálculo de transitar a la informalidad resulte más atractivo (escape). Es decir, en México debido a la regulación tan exigente, se impide que las unidades económicas puedan cumplir la ley (Friedman, Johnson, Kauffmann y Zoido-Lobaton; 2000); quinta, en México pese a que se ha ido mejorando en cuanto a la transparencia del gasto, siguen existiendo amplios mecanismos de discrecionalidad mediante los cuales los políticos pueden premiar a sus votos más cercanos o generar apoyo a través de apoyos directos a cambio de su apoyo. Es tal el deseo de los políticos de ganar y permanecer en su oficina, que ha propiciado que diversos grupos y/o personas que poseen mismos intereses económicos se agrupen, buscando puedan acordar con el político apoyo en elecciones a cambio de que no haya sanción alguna por la naturaleza de su labor (por ejemplo, comercio informal, sindicatos no oficiales, líderes de organizaciones de medios de transporte, etc.) (Dixit, Avinash y Londregan; 1996). El corporativismo ya es parte de las estructuras económica y política de México, mismo que permite al político premiar y/o castigar a los aliados y enemigos políticos a discreción; sexta, los trabajadores de la economía informal reciben beneficios sociales a través de los programas de protección social creados por el gobierno, teniendo así un claro incentivo para emigrar de la economía formal a la informalidad. Estos beneficios son pagados por los contribuyentes y por las empresas que al formar parte de la formalidad, pagan la seguridad social de los trabajadores, teniendo entonces que los empleos informales reciben un subsidio por parte de la economía formal. La política social genera incentivos a la informalidad, ya que grava los empleos formales con mayores salarios (mayor productividad) y subsidia los empleos informales con menores salarios (menor productividad), teniendo además un impacto negativo a la economía: estancamiento de salarios reales y mina el crecimiento económico (Aterido, Hallward-Driemeier, Pagés; 2011); séptima, el pesado aparato burocrático no permite a los contribuyentes realizar el pago de impuestos de manera rápida y efectiva, generando incentivos a la evasión fiscal aun cuando existiera una intención original para hacerlo. Es decir, el cuasi- voluntario cumplimento que está en función de la existencia de un sistema tributario justo y efectivo, tiende a desaparecer teniendo como única opción de forzar el pago de impuestos la coerción (Levi; 1988); octava, el comportamiento de la economía juega un papel importante. Cuando existe cierta expectativa positiva, la inversión incrementa, generando más y mejore empleos formales (la informalidad se contrae); y, décima, el crecimiento poblacional a tasas muy altas provoca que las empresas y el Estado no puedan absorber toda la fuerza laboral.

 

Bibliografía

  • Artana, D. y Auguste, S.; “Informalidad, productividad y crecimiento. Propuesta metodológica basada en censos industriales”; Banco Interamericano de Desarrollo; Notas Técnicas #DB-TN-342; 2002.
  • Aterido, R., Hallward-Driemeier, M., Pagés, C. 2011; “Does Expanding Health Insurance Beyond Formal-Sector Workers Encourage Informality? Measuring the Impact of Mexico´s Seguro Popular?”; Policy Research Working Paper 5785.
  • Border, K. y Sobel, J. 1987. “Samurai Accountant: A Theory of Auditing and Plunder; Review of Economic Studies; Oxford University Press; Vol. 54, No. 4.
  • Busso, M., Fazio, M.V., Levy, S.; “Informal and Unproductive: The productivity Costs of Excessive Informality en México”; Banco Interamericano de Desarrollo; IDB Working Papers Series No. IDB-WP-341, 2012.
  • Dixit, Avinash y Londregan. 1996. “The Determinants of Success of Special Interests and Redistributive Politics”. Journal of Politics 58 (4): 1132-1155.
  • Dreher, A., Kotsogiannis, y McCorriston, S. 2005. How do institutions affect corruption and the shadow economy?; University of Exeter Discussion Paper.
  • Elizondo, C.; 1994. “In Search of Revenue: Tax Reform in Mexico under the Administrations of Echevarria and Salinas”; Journal of Latin American Studies; Vol. 26, No. 1; 159-190.
  • Elizondo, C. 2001; “Impuestos, Democracia y Transparencia”; Cámara de Diputados, Comisión de Vigilancia, Auditoría Superior de la Federación: Series: Cultura de la Rendición de Cuentas; Auditoría Superior de la Federación.
  • Flores, R., Zamora, S., y Contreras, E.; “Transacciones entre el trabajo formal e informal y medios de intermediación laboral en México 2005-10”; Banco Interamericano de Desarrollo; Nota Técnica #IDB-TN-525, 2013.
  • Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D. y Zoido-Lobaton, P., “Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries”; Journal of Public Economics 76; 459-493.
  • Levi, M.; 1988. Of Rule and Revenue; Berkeley, CA: University of California Press; [Capítulos 2-3, pp. 10-70].
  • Magar, E.; Romero, V. y J. F. Timmons, (2009) “The Political Economy of Fiscal Reforms in Latin America: Mexico” en SSRN Electronic Journal
  • Perry, G., Maloney, W., Arias, O., Fajnzylber, P., Mason, A. y Saavedra-Chanduvi, J.; “Informalidad: Escape y Exclusión”; Banco Mundial; Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe; 2007.

[1] Los autores referidos muestran el efecto negativo de los tres límites entre la formalidad y la informalidad sobre la productividad y el bienestar social.
[2] Elizondo (1994) habla a profundidad sobre la voluntad de los empresarios sobre los esfuerzos por incrementar los ingresos tributarios por parte de los políticos a través de reformas o misceláneas fiscales, incluso habla en algunos periodos de la historia de México de la existencia del binomio empresarios-políticos. A través de un análisis racional basado en el cálculo de beneficios y costos, y de la búsqueda de hacer permanecer un sq que otorga al sector empresarial en México diversas facilidades e incentivos fiscales, el autor muestra que una de las principales amenazas creíbles que incrementa el poder de negociación relativo de este sector sobre los rulers gubernamentales (Levi, 1988), es la relativamente sencilla movilidad de los principales factores de producción, sobre todo el capital. Ni siquiera el poder político que en México experimentamos bajo el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), permitió que el ex Presidente José Luis Echevarría consiguiera aprobar su reforma fiscal. La clase empresarial agrupada tiene un derecho de veto, pues el mismo sistema político generaba cierta dependencia del partido en el poder respecto al poder económico y político de los empresarios. Echevarría mandó mensajes equivocados amagando con incrementar el papel del Estado en la economía, haciendo creer a los empresarios que incluso su propiedad corría peligro. Distinto fue el caso con el ex Presidente Salinas, pues en su agenda no solamente estaba privilegiar al sector empresarial a través de privilegios fiscales y privatizaciones, sino que además su estrategia de agrupar al sector empresarial para disminuir los costos de la negociación, fue notable. Mientras que la visión pro-negocios y la aplicación gradual de la reforma de Salinas fueron factores de éxito, con Echevarría fueron razones que mermaron la posibilidad de éxito. Cabe aclarar que ninguno de los dos proyectos contenía un auténtico espíritu por incrementar la base fiscal.
[3] Fragmentación lingüística, orígenes del sistema legal, composición religiosa, ubicación geográfica.
[4] El incremento de la informalidad, provoca la caída de los ingresos fiscales, por lo que baja la calidad del gobierno traducida en la calidad de los servicios públicos, promoviendo aún más los incentivos de los empresarios de salirse de la economía formal, terminando por disminuir la base gravable.
[5] Relacionan la informalidad con empresas jóvenes y de menor tamaño. El tipo de informalidad en la que caen es aquella en donde no se registra trabajadores en los sistemas de seguro social, anuncian menores ingresos de los reales o anuncian más gastos de los efectivos. Afirman que las empresas de mayor tamaño, por su capacidad de compra, pueden recurrir a sistemas más sofisticados para caer en la informalidad impositiva. Aseguran que evasión fiscal afecta el crecimiento económico, pues tiene un efecto sobre la menor recaudación que genera una caída en la calidad de los bienes públicos, generando incidencia negativa sobre el crecimiento y la productividad; pero además, propicia que las empresas informales puedan competir siendo menos productivas pero sin el costo de pagar la formalidad, propiciando además un efecto de estancamiento en los salarios reales de la economía e impidiendo que la empresa formal pueda aprovechar economías de escala.

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