Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CDMX

La presente iniciativa tiene por objeto expedir la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, de conformidad con la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

PLANTEAMIENTO

PRIMERO. La Reforma Política del Distrito Federal, desde los cambios constitucionales, ha reconfigurado el existente Distrito Federal para convertirse en la Ciudad de México en favor de los derechos de sus habitantes y una mejor administración. Con antelación a esta transformación, el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión, tuvo su origen en el espacio que comprendía diversas municipalidades, mismas que se fueron absorbiendo por el desmedido crecimiento de la capital del país, creando con esto la necesidad de una forma un nuevo ejercicio del poder público.

 

Con fecha cinco de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución Política de la Ciudad de México, en cumplimiento al mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las modificaciones anteriormente señaladas.

La Constitución de Política de la Ciudad de México se divide en ocho títulos:

Primero.        Disposiciones Generales.

Segundo.      Carta de Derechos.

Tercero.       Desarrollo Sustentable de la Ciudad.

Cuarto.          De la Ciudadanía y el Ejercicio Democrático.

Quinto.          De la Distribución del Poder.

Sexto.           Del Buen Gobierno y la Buena Administración.

Séptimo.         Del Carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Octavo.          De la Estabilidad Constitucional.

En el Artículo 7. Ciudad democrática, apartado A, se reconoce el Derecho a la buena administración pública, en el que el numeral 1 establece: “Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

De igual manera, en el apartado D, sobre el Derecho a la Información, se reconoce en el numeral 1 que: “Toda persona tiene el derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna…”, así como en el numeral 2, que “Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles”. En el numeral 3: “En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones”.

En seguida, el Artículo 15. De los instrumentos de la planeación del desarrollo, se plantea en el apartado A. Sistema de planeación y evaluación, numeral 1 que: “Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad”, así como el numeral 2, sobre la planeación que será “democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para (…) satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad”.

El numeral 7, sobre: “La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente la administración pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en esta Constitución (…) Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales para fundamentar y motivar la planeación, programación y presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas y proyectos”.

En el artículo 17. Bienestar social y economía distributiva, plantea que: “La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión social.”

En el apartado B, de la política económica, numerales 7 y 8 que: “Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria (…)” y que: “En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana empresa, la economía social y solidaria, así como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias del conocimiento y la innovación”, respectivamente.

En el artículo 21. De la Hacienda Pública, apartado A. Disposiciones Generales, plantea que: “La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que rigen la hacienda pública”, así como en el apartado C. Egresos, numeral 4, que “Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y proyectos de inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso presupuestario e incidirán para la orientación del gasto público”, y numeral 6 que: “El Gobierno de la Ciudad podrá celebrar contratos multianuales de gasto, en los términos de la legislación aplicable en la materia, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.

De igual manera, en el apartado D. Alcaldías, fracción III. De la autonomía del ejercicio presupuestal, numeral 1, inciso b) la facultad de: “Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y reglamentos de la materia”.

En el artículo 53. Alcaldías, reconoce en el apartado B. De las personas titulares de las alcaldías, numeral 3, inciso a), fracción XLV, que: “Participar en el sistema local contra la corrupción y establecer una estrategia anual en la materia con indicadores públicos de evaluación y mecanismos de participación ciudadana, así como implementar controles institucionales para prevenir actos de corrupción; mecanismos de seguimiento, evaluación y observación pública de las licitaciones, contrataciones y concesiones que realicen; y adopción de tabuladores de precios máximos, sujetándose a lo dispuesto en las leyes generales de la materia”.

En el Título Sexto. Del Buen Gobierno y la Buena Administración, en el artículo 60. Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública, que:

  1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento.

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales.

Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la función pública de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en toda legislación aplicable.

(…)

En el Capítulo I. Del combate a la corrupción de la Ciudad de México, señala en el artículo 61. De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México, que:

  1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos internos de control y tendrán los siguientes objetivos:
  2. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
  3. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; así como sustanciar las responsabilidades relativas a faltas administrativas graves, turnándolas a dicho Tribunal para su resolución;
  • Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales y estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos electorales;
  1. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias presentadas por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas en un plazo que no deberá exceder de veinte días hábiles;

(…)

  1. Los órganos internos de control serán independientes de los entes públicos ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad será ocupada de manera rotativa. Las personas titulares de dichos órganos internos de control serán seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción. La ley establecerá sus facultades e integración. Los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos serán designados de conformidad al artículo 46, apartado B, numeral 3 de esta Constitución.

SEGUNDO. Que la Tesis Aislada (Constitucional) “RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ESTADO. DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DERIVA UNA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL LEGISLADOR SECUNDARIO QUE ABARCA TODO EL ÁMBITO MATERIAL DE AQUÉL”, plantea que:

(…) El diseño tiene como base la figura de la licitación pública. El segundo contenido en el artículo 134 constitucional otorga facultad legislativa reglamentaria al legislador secundario para establecer casos de excepción a la aplicación de dicha figura, siempre que se sujete a los mencionados principios sustantivos, al establecer que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Por tanto, esta segunda regla presenta un contenido competencial y adjetivo, pues dispone que el legislador secundario deberá regular procedimientos, bases, reglas, requisitos y demás elementos para lograr la realización de los principios que informan el régimen contractual del Estado. Pues bien, de esta última disposición, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deriva una facultad reglamentaria en favor del legislador secundario para reglamentar todo el régimen contractual del Estado, pues si bien sólo se dispone que lo podrá hacer explícitamente cuando regule procedimientos alternativos a las licitaciones, debe entenderse que esta facultad reglamentaria abarca todo el referido ámbito material.[1][1]

Igualmente, la Tesis Aislada (Constitucional) “RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ESTADO. LA FACULTAD REGLAMENTARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PRINCIPIO DE RESERVA DE CÓDIGO O DE ORDENAMIENTOS, POR LO QUE PUEDEN COEXISTIR DIVERSAS LEYES REGLAMENTARIAS”, plantea que:

(…) En la norma constitucional no se consagra el ulterior principio de reserva de ordenamiento o de código, ya que el precepto constitucional no se dirige a un solo legislador, sino a una pluralidad de ellos, pues otorga facultades de producción legislativa a los distintos niveles de gobierno: tanto la Federación, los Estados y el Distrito Federal. Todos estos niveles de gobierno, mediante sus órganos legislativos, deben reglamentar la norma constitucional, por lo que el Constituyente no pudo prever que sólo existiera una legislación en la materia, sino una pluralidad de ellas con distintos ámbitos espaciales de validez.

Y finalmente, la Jurisprudencia Constitucional, RECURSOS PÚBLICOS. LA LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS, que íntegramente establece que:

El citado precepto constitucional fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. En este tenor, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en torno al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser efectivamente realizados.

 

TERCERO.  Para la redacción de esta Ley, se siguieron las recomendaciones emitidas por la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contenidas en el documento “OCDE, Recomendación del Consejo sobre contratación Pública”, esto con la intención de mejorar la formulación de las políticas públicas que se aplican en la Ciudad de México y fortalecer el desempeño de sus instituciones públicas.

Como un ejemplo de ello, una de las recomendaciones principales de la OCDE es asegurar un adecuado nivel de transparencia a lo largo de todas las etapas de contratación pública, para atender esto, en la presente iniciativa se crea el Sistema Electrónico de Compras Públicas, que actuará como un sistema centralizador, en el cual estará de manera electrónica y disponible a todo público toda la información referente a las licitaciones públicas.

En el artículo “Corrupción en las compras gubernamentales”, de Francisco Garfías, los datos que arrojó su estudio permiten saber que el entonces Distrito Federal en el periodo de junio de 2011 a mayo de 2015,  de 497 contratos, el porcentaje de “gasto en contratos con plazos irregulares” fue de 0.2, y de “contratos con plazos irregulares”, fue de 1.6, “en un extremo, Campeche y Tlaxcala no presentan ningún contrato con plazos irregulares; en el otro, Veracruz contrata casi una quinta parte sus compras públicas con plazos irregularmente cortos”.

Alejandro Faya Rodríguez en “La triste realidad en las contrataciones públicas”, enlista una serie de propuestas encaminadas a complementar las acciones que el Sistema Nacional Anticorrupción llevará a cabo una vez establecido. Plantea el panorama y la discusión actual en la materia de adquisiciones en las que:

La vox populi en el sentido de que existe corrupción en la contratación pública es corroborada por encuestas del propio sector privado, que desde hace mucho ha admitido (seguramente con una subestimación) que tiene que sobornar para hacer negocios (Centro de Estudios del Sector Privado, 2005). La triste realidad, no del todo documentada dado su carácter oculto, es que prevalece una práctica de moches o comisiones para dirigir procedimientos y “ganar” contratos. Esto, claro, encarece el valor de una contratación de forma brutal, pues normalmente el pago indebido no es internalizado por el contratista, sino trasladado al valor final del bien, servicio u obra de que se trate. Análisis internacionales apuntan a que entre 10% y 30% del valor de una obra financiada con recursos públicos puede perderse entre corrupción y mala administración (Iniciativa CoST, 2012). En México estos números deben lucir mucho peor.

 

CUARTO. En agosto de 2012, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., elaboró una Ley Modelo de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de las Entidades Federativas, además de un Anexo que desglosa los elementos de la primera, en la que esta propuesta tiene un fundamento de inicio y suscribe sus objetivos, diversos puntos y propuestas. En la introducción de la misma, el IMCO, versa acerca de:

Que exista variación en el contenido entre las treinta y dos legislaciones de adquisiciones de bienes y servicios a nivel estatal no es un problema en sí mismo, ya que bajo un sistema federal como el mexicano, cada entidad tiene derecho a crear leyes que se adecuen a sus particularidades. Sin embargo, se considera que el objetivo de cualquier ley de adquisiciones debería ser el mismo: asegurar que el proceso de adquisición de bienes y servicios se la realice en las mejores condiciones para el gobierno. Para lograrlo, todas ellas deben cumplir con una serie de normas básicas que favorezcan la competencia, la transparencia, la rendición de cuentas y que reduzcan el espacio a la discrecionalidad de las autoridades que realizan las funciones de compras. Esta propuesta de Ley Modelo justamente plantea este piso mínimo.

De igual manera, en la exposición de motivos de la misma iniciativa de ley, el Instituto plantea que:

En el diseño de la propuesta se ha considerado que para el logro de los propósitos señalados por la Constitución, es deseable que el Estado acuda a los mercados como un adquirente eficiente en sus procedimientos y decisiones, y que la interacción con sus proveedores de bienes, arrendamientos y servicios se dé en condiciones de libre competencia que le permitan elegir las mejores propuestas y establecer los mejores acuerdos. Sin embargo, tal escenario deseable se ve obstaculizado por diversos factores. Algunos son de carácter regulativo, ya que la presencia de fenómenos tales como la corrupción y la ineficiencia en el empleo de los recursos ha construido regulaciones basadas en la desconfianza y el control, lo que ha rigidizado la actuación gubernamental.

De lo anterior, la revisión de la propuesta de la citada institución permite confirmar que la gestión pública debe tener una directriz técnica más que política; en ese sentido, el debate en el espacio de lo público debe, no sólo considerar sino priorizar las recomendaciones que surgen desde instituciones de la sociedad civil con reconocimiento y trayectoria en el estudio y las discusiones sobre la política pública y su normatividad, como es el IMCO.

QUINTO. De los puntos PRIMERO y SEGUNDO se desprenden los principios rectores de la propuesta de Ley, que estará regida bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, acceso a la información y buena administración. Con esto se busca el acceso inmediato a la a toda la información relacionada con la adquisición, arrendamiento y servicios que realicen dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, y tener la certeza que los recursos disponibles sean correctamente utilizados.

La actual propuesta se puede sintetizar en los siguientes ejes:

1.- Mejora administrativa.

Criterios De Evaluación. Se propone la utilización de mecanismo de evaluación para la elección de propuestas técnicas y económicas en una licitación pública, como son; Criterios de Evaluación Binario, Criterio de Evaluación de Costo Beneficio y Criterio de Evaluación por Puntos y Porcentajes, y que la anterior Ley no contaba con criterios de evaluación específicos. Esto nos dará como resultado concursos más transparentes, dejando sin la posibilidad poder beneficiar a uno o a algunos interesados.

Catálogo De Precios De Bienes Y Servicios De Uso Común. Con la realización del Sistema Electrónico de Compras Públicas, se podrá contar con un medio electrónico más próximo tanto a los proveedores, como a los interesados en conocer el manejo de los recursos dentro de una licitación pública. Se propone la elaboración de un padrón de precios de bienes y servicios de uso común, con el objetivo de contar un mínimo y un máximo que dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México podrán adquirir, sirviendo como referencia para la elaboración de sondeo de mercado, mismo que se actualizará permanentemente y será publicado en el Sistema únicamente para su consulta.

Almacenes. En la Ley vigente no se encuentran contemplados los Almacenes, en esta propuesta se determina su objetivo que es el control de mercancía, materias primas  bienes. En el que dentro de sus expedientes deberá contar con recepción, registro e inventarios, guarda y conservación, salida o despacho, servicios complementarios y baja o destino.

Solución de controversias. Se recupera este mecanismo para la solución de conflictos entre ambas partes del contrato que puedan desahogarse más rápidamente a beneficio de los mismos y del interés público.

2.- Transparencia y control interno.

Información. Se plantea la elaboración, por los entes públicos objeto de la Ley, de evaluaciones e informes públicos de resultados que analicen y, con base en metodologías correspondientes al sistema de evaluación fijado en la Constitución, examinen las políticas y programas llevados a cabo en la materia de adquisiciones. Dichos informes se proponen sean vinculantes para la elaboración de los programas del siguiente ejercicio.

Sistema Electrónico de Compras Públicas. Análogo al sistema CompraNet regido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se busca fomentar los instrumentos tecnológicos para eficientar la administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y así cumplir con los principios de máxima publicidad y de gobierno abierto, en el cual se pondrán a disposición de todo público la información que permita tanto participar en las convocatorias a licitación pública como conocer los requisitos, bases, anexos que permitan la igualdad de condiciones al momento de presentar las propuestas; como la actualización de dicho portal será inmediata a la emisión de la información requerida a los entes públicos objeto de la Ley, se plantea que los procesos de contratación tengan seguimiento de cualquier interesado.

Testigo Social. Se establece la participación de la ciudadanía en las contrataciones por medio de lo que denominamos como testigo social, mismo que deberá cumplir con requisitos, capacitación y formación que la presente propuesta establece, formando parte de un Padrón de Testigos Sociales. Estos testigos estarán presentes en todos los procedimientos de la licitación, con el objetivo de vigilarlo y en su caso emitir alguna recomendación u observación a la Contraloría.

Procedimiento De Licitación. Esta propuesta establece los requisitos que deberá de contener las  bases de las licitaciones, dejando de lado los requisitos que limitan la participación y la competitividad de los mismos. Integrando en estas bases el criterio de evaluación a elegir por el licitante, dando con esto mayor transparencia en los procedimientos y una evaluación más técnica, dejando de lado el criterio de la propia autoridad.

De igual manera se estableció un plazo de veinte días contados a partir de la fecha de publicación de las convocatorias para la presentación y apertura de proposiciones.

Se propone la utilización de diversos criterios de desempate, en caso de igualdad de precios como son: preferencia a propuesta con innovación tecnológico; impulso al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas; y si aun así persistiera el empate se realizaría un sorteo de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Convocatoria amplia. Se crea el procedimiento de Convocatoria Amplia, este procedimiento consiste en publicar en la Gaceta Oficial, en el Sistema y en por lo menos un diario de circulación nacional, que alguna dependencia, entidad, órgano desconcentrado o alcaldía ha planeado la adquisición, arrendamiento o prestación de servicios que no se encuentren en el Catalogo de Bienes o que se encuentre un solo proveedor registrado en el Padrón. La aplicación de la Convocatoria Amplia busca incentivar el alta de nuevos proveedores en el Padrón y con ello, aumentar la competencia para asegurar los mayores beneficios económicos para los convocantes.

Órganos internos de control. Dadas las nuevas facultades y atribuciones para el control interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, se propone integrar este nuevo esquema de contralorías con grado de independencia del ente público, así como la figura de los contralores ciudadanos, para el desempeño de los objetivos entre los que está la revisión y auditoría de recursos públicos en materia de adquisiciones, en los procedimientos contemplados en la ley. 

RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 apartado C. BASE PRIMERA, fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:

Artículo 122.-

(…)
La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:
(…)
C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
(..)
V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
(…)
j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

Dando cumplimiento a los establecido en los artículos SEGUNDO Transitorio del DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, que dispone:

SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan.

Y por último en cumplimiento al artículo DÉCIMO PRIMERO Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, que dispone:

DÉCIMO PRIMERO.-
Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembre de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como para expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México y para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución.

(…) 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de ésta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente:

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTÍCULO PRIMERO. SE DEROGA LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO SEGUNDO. SE EXPIDE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación contratación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que realice la Administración Pública de la Ciudad de México, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías.

No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que celebren entre sí las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, ni tampoco los contratos que éstos celebren con las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, con los de la administración pública de los estados de la Federación y con los municipios de cualquier Estado. Cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización, esta contratación quedará sujeta a este ordenamiento.

El Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y demás órganos con personalidad jurídica propia, que manejan de forma autónoma el presupuesto que les es asignado a través del Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, bajo su estricta responsabilidad, emitirán de conformidad con la presente Ley, las políticas, bases y lineamientos que en la materia les competan.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos de cualquier tipo, cuya finalidad sea contravenir lo previsto en esta ley.

La presente Ley se regirá bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, acceso a la información y buena administración pública.

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

  1. Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México;
  2. Adquisición sustentable: La compra de cualquier bien mueble que en sus procesos de creación o elaboración no afecten o dañen gravemente al ambiente;

III. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien mueble a título oneroso;

  1. Alcaldías: Los órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales, que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo;
  2. Arrendamiento Financiero: El contrato de arrendamiento financiero establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
  3. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles a plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado;

VII. Comité: Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México;

VIII.  Contraloría: La Contraloría General de la Ciudad de México;

  1. Contrato Abierto: Contratos en los que se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien al presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la Adquisición o el Arrendamiento. En el caso de Servicio, se, establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse;
  2. Contrato Administrativo: Es el acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestación de servicios, a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México, por parte de los proveedores, creando derechos y obligaciones para ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratación que regula esta Ley;
  3. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual, sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un órgano desconcentrado, una Alcaldía o una entidad, y por la otra un proveedor, mediante el cual se establece la obligación por parte del proveedor de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, la obligación de pago por los servicios que le sean proporcionados;

XII. Contrato Marco: Acuerdo del fabricante con la Administración Pública de la Ciudad de México para venderle a éste, a cierto precio y bajo ciertas circunstancias, bienes a precios preferenciales sin que dicho contrato sea necesariamente celebrado por el sector central de la Administración Pública de la Ciudad de México;

XIII. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un ejercicio presupuestal;

XIV. Convocatoria Amplia: Convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema, y en por lo menos uno de los principales diarios de circulación nacional, como respuesta a una licitación pública que haya sido declarada desierta, cuyos bienes y/o servicios no se encuentren registrados o se encuentren registrados por un único proveedor en el padrón de proveedores.

  1. Criterio de Evaluación Binario: Consiste en la verificación exhaustiva del cumplimiento de los requisitos legales, administrativos, económicos y técnicos solicitados en las bases de la licitación y la comparación de los precios ofertados por cada licitante, la asignación del contrato será a los licitantes que resultan solventes porque cumplen con la totalidad de los requisitos solicitados y oferte el precio más económico;

XVI. Criterio de Evaluación de Costo Beneficio: Consiste en la evaluación de la información que los licitantes deben presentar como parte de su proposición de acuerdo a lo solicitado en las bases de la licitación y el método de evaluación del costo beneficio que se utilizará, el cual deberá ser medible y comprobable, considerando los conceptos que serán objeto de evaluación, tales como mantenimiento, operación, consumibles, rendimiento u otros elementos vinculados con el factor de temporalidad o volumen de consumo.

La adjudicación del contrato se hará a favor del licitante cuya proposición presente el mayor beneficio neto, mismo que corresponderá al resultado que se obtenga de considerar el precio del bien, del arrendamiento o del servicio, más el de los conceptos que se hayan previsto en el criterio de evaluación;

XVII. Criterio de Evaluación por Puntos y Porcentajes: Consiste en la verificación exhaustiva de los requisitos legales y técnicos solicitados en las bases de la licitación mediante la asignación de puntos o unidades porcentuales que los licitantes alcancen de acuerdo al grado de cumplimiento de los rubros y subrubros de las propuestas técnicas y económicas que integran la proposición para que sean consideradas como solventes.

La convocante llevará a cabo en primer término, la evaluación de las propuestas técnicas de todos los licitantes participantes y solo procederá a hacer la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones técnicas que resultaron solventes por haber obtenido la puntuación o unidades porcentuales iguales o superiores al mínimo establecido en las bases de la licitación; la asignación del contrato se hará al licitante que resulte con la mayor puntuación como resultado de la suma de los puntos o unidades obtenidas en su propuesta técnica y la obtenida en su propuesta económica;

XVIII. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XIX.  Ejecutivo Federal: La Administración Pública Federal;

  1. Empresa Local: Las personas físicas o morales que realicen sus actividades y tengan su domicilio fiscal en la Ciudad de México, constituidas de conformidad a la legislación común y que cuenten con capacidad jurídica para contratar y obligarse en términos de la ley;

XXI.     Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos de la Ciudad de México;

XXII.    Gabinete: Al Gabinete de Gestión Pública Eficaz, integrado por los titulares de las Secretarías de Finanzas, de Desarrollo Económico, la Oficialía Mayor, y la Contraloría General de la Ciudad de México;

XXIII. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para la Ciudad de México;

XXIV. Licitación Pública: Procedimiento administrativo por virtud del cual se convoca públicamente a los licitantes para participar, adjudicándose al que ofrezca las mejores condiciones a la Administración Pública de la Ciudad de México un contrato relativo a adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios relacionados con bienes muebles;

XXV.   Licitante: Persona física o moral que participa con una propuesta cierta en cualquier procedimiento de Licitación pública en el marco de la presente Ley;

XXVI. Micro, pequeña y mediana empresa: Las unidades económicas así definidas por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal;

XXVII. Oficialía: La Oficialía Mayor de la Ciudad de México;

XXVIII. Órganos Desconcentrados: Los órganos administrativos diferentes de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, constituidos por el Jefe de Gobierno, jerárquicamente subordinados a él, o a la dependencia que éste determine;

XXIX. Proveedor Extranjero: La persona física o moral constituida conforme a leyes extranjeras que proporciona bienes o servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México;

XXX.   Proveedor Nacional: Persona física o moral constituida conforme a las leyes mexicanas, residente en el país o en el extranjero pero que tiene un establecimiento permanente en el país y que proporciona bienes o servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México;

XXXI. Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos con carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o prestador de servicios con las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades;

XXXII. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Medida y Actualización o en su caso el salario mínimo vigente, si este fuese mayor al múltiplo de la Unidad de Medida y Actualización antes referido, y cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social;

XXXIII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Las acciones que se requieren para que una dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad reciba un conjunto de servicios a largo plazo por parte de un proveedor, que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la disponibilidad de servicios para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, equipamiento, ampliación, administración, operación, conservación, explotación, construcción, arrendamiento o financiamiento de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que se construyan o provean;

XXXIV. Secretaría de Ciencia: Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México;

XXXV.  Secretaría: La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México;

XXXVI. Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas necesidades;

XXXVII.  Sistema: Sistema Electrónico de Compras Públicas;

XXXVIII. Subcomités: Los Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; y

XXXIX. Tratados: Los definidos como tales en la Ley sobre la Celebración de Tratados y que resulten de observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, quedan comprendidos:

  1. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;
  2. Las adquisiciones de bienes muebles, que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa o los que suministren las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de acuerdo a lo pactado en los contratos de obra; con excepción de la adquisición de bienes muebles, necesarios para el equipamiento de proyectos integrales y obra.

III.        Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades cuando su precio sea superior al de su instalación.

  1. La contratación de los Servicios relacionados con bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles cuya conservación, mantenimiento o reparación no impliquen modificación estructural alguna al propio inmueble;
  2. La reconstrucción, rehabilitación, reparación y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles, contratación de servicios de limpieza y vigilancia, así como de estudios técnicos que se vinculen con la adquisición o uso de bienes muebles;
  3. Los contratos de arrendamiento puro y financiero de bienes muebles;

VII.      En general los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, cuyos procedimientos de contratación no se encuentren regulados en forma específica por otras disposiciones legales, y

VIII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, auditorías, estudios e investigaciones.

Artículo 4.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados que resulten de observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles con cargo total y parcial a fondos federales que la Ciudad pueda percibir como ingresos, previstos en las leyes de Coordinación Fiscal, Deuda Pública, y Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley.

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles con cargo total o parcial a fondos federales, distintos a los previstos en el párrafo anterior y respecto de cuyos recursos se haya celebrado convenio con la Ciudad de México, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Artículo 5.- El gasto de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal correspondiente, así como a lo previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6.- La Contraloría, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficialía, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos administrativos, atendiendo los criterios sistemático, gramatical y funcional.

La Secretaría podrá interpretar disposiciones de esta Ley que regulen las acciones relativas a la programación, presupuestación y gasto de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán solicitar a las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, que emita opinión en su respectivo ámbito de competencia, sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones relativas, las que deberán emitirla dentro de los 15 días siguientes a la entrega de la solicitud respectiva.

La Oficialía elaborará el catálogo de Precios de Bienes y Servicios de Uso Común, que contendrá el listado de los bienes y servicios de mayor consumo o uso generalizado por parte de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual servirá como referencia para la elaboración del sondeo de mercado. Los bienes y servicios del catálogo deberán cumplir con el menor grado de impacto ambiental.

El catálogo se actualizará permanentemente y será publicado en el Sistema para su consulta.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que requieran contratar la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios con características diferentes a las previstas en el catálogo, deberán requerir autorización de la Oficialía, justificando a detalle la necesidad de esta circunstancia, misma que se deberá contestar en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir del día siguiente a la solicitud presentada.

Artículo 7.- La Oficialía dictará las disposiciones administrativas generales de observancia obligatoria que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, debiendo publicarlas en el Sistema y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, basándose en criterios que promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, honradez y de la utilización óptima de los recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

En materia de medio ambiente, la Oficialía Mayor, conjuntamente con la Secretaría del Medio Ambiente, dictarán las disposiciones administrativas generales de carácter obligatorio para las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en las que se determinen las características y especificaciones que deben cumplir los bienes y servicios, en cuanto al menor grado de impacto ambiental.

Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico dictará las disposiciones que deban observar las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

Para la expedición de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Desarrollo Económico, tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría.

Artículo 9.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de transparencia, legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los recursos y la disminución de los impactos ambientales en la Ciudad de México.

Artículo 10.- La Contraloría, la Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficialía y la Secretaría del Medio Ambiente en el ámbito de su competencia, podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado para el mejoramiento de las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, la verificación de precios por insumos, pruebas de calidad, menor impacto al ambiente y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley.

Los resultados de las investigaciones  referidas, se deberán implementar en las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, para el mejoramiento de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

La asesoría técnica deberá prestarse sólo por Instituciones, Cámaras o Entes que estén plenamente registradas y reconocidas para los efectos conducentes ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Artículo 11.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México serán responsables de mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes patrimoniales y las posesiones con que cuenten, de conformidad con las políticas que al efecto emita la Oficialía.

Artículo 12.- En lo no previsto por esta Ley, serán aplicables el Código Civil para la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.

Artículo 13.- Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de esta Ley, serán resueltas por la Contraloría.

En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, convenios y actos que de éstos se deriven y que hayan sido celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de México, salvo que se haya estipulado cláusula arbitral.

Se podrá pactar cláusula arbitral en los contratos y convenios, previa opinión de la Oficialía.

Los actos, contratos y convenios que se realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley serán nulos de pleno derecho, previa determinación de autoridad judicial o administrativa en funciones jurisdiccionales.

Artículo 14.- En los contratos y convenios que celebren las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades fuera del territorio nacional, la aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto y de los tratados.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS ALMACENES

Artículo 15.- Todas las mercancías, materias primas y bienes que se adquieran mediante los procedimientos de conformidad a la presente Ley, estarán sujetos al control de almacén por parte de la Administración Pública de la Ciudad de México, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías, en su caso, a partir del momento en que sean recibidos hasta su distribución. Será responsabilidad de cada una de ellas, el control, custodia y asignación de los bienes, a partir de su recepción.

Artículo 16.- El control de los almacenes deberá quedar debidamente registrado en el expediente correspondiente a que se refiere el artículo anterior, y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

  1. Recepción;
  2. Registro e inventarios;
  • Guarda y conservación;
  1. Salida o despacho;
  2. Servicios complementarios; y
  3. Baja o destino.

Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías elaborarán inventarios anuales, sin perjuicio de los que se deban realizar por causas extraordinarias o de actualización, con fecha de cierre de ejercicio al 31 del mes de diciembre.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

Artículo 17.- La Oficialía integrará dentro del Sistema, el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, con los cuales las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán contratar la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios.

Se exceptúa del registro a dicho padrón las personas físicas contratadas al amparo del artículo 64, fracción XVII de esta Ley, que presten sus servicios de forma personal, directa e interna a la Administración Pública de la Ciudad de México.

Artículo 18.- Las personas físicas y morales interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán ingresar al Sistema y solicitar su registro al mismo, acompañado según su naturaleza jurídica, la siguiente información y documentos:

  1. En caso de persona moral:
  2. La razón o denominación social;
  3. Copias certificadas por Notario o Corredor Público, inscritas en el Registro Público de la Propiedad, de la escritura constitutiva y modificaciones si las hay, con los datos registrales correspondientes, así como el nombre del representante legal y el documento que acredite su personalidad, adjuntando su identificación oficial;
  • Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula de Identificación Fiscal, del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del registro ante el INFONAVIT;
  1. Objeto Social y currículum de la empresa; y
  2. En su caso, la relación de todos los contratos celebrados con la Administración Pública de la Ciudad de México o con cualquier Entidad Federativa, señalando el monto y objeto del contrato, y nombre del área contratante.
  3. En caso de persona física:
  4. Nombre del interesado;
  5. Identificación oficial y; en su caso, de su cédula profesional;
  • Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula de Identificación Fiscal; y
  1. En su caso, la relación de todos los contratos celebrados con la Administración Pública de la Ciudad de México, señalando el monto y objeto del contrato, y nombre del área contratante.
  2. En ambos casos:
  3. Domicilio fiscal y teléfonos para su localización, anexando los comprobantes respectivos. Asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio de la Ciudad de México;
  4. Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio inmediato anterior, respecto de la fecha de solicitud de registro;
  • Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 53 de la Ley;
  1. Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, el nombre, denominación o razón social de aquellas personas físicas o morales de las que forman parte, o sus representantes, socios, empleados, apoderados, administradores o cualquier persona que se vincule con el licitante; y
  2. Listado de los bienes y/o servicios que ofrecen los proveedores a la Administración Pública de la Ciudad de México, que contenga características, especificaciones técnicas y precio.

La Oficialía podrá solicitar la documentación complementaria que juzgue conveniente, únicamente para comprobar la información que presenten los interesados, en el trámite de inscripción o modificación del registro de inscripción en el padrón. Para el caso de la inscripción en el Padrón de Proveedores y determinar si es Salarialmente Responsable, el interesado podrá presentar constancias de Declaraciones Informativas Anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta y/o de modificación de sueldo en materia de seguridad social, de pago del impuesto Sobre la Renta, entre otros.

Además de la revisión documental, la autoridad podrá realizar las consultas que se consideren necesarias ante las instancias competentes para corroborar la información.

Artículo 19.- Llevado a cabo el trámite, el Sistema emitirá al interesado acuse de recepción. Y de haberse cumplido con los requisitos anteriores, el interesado recibirá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, una constancia de registro de proveedor y en su caso, con una anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable, con la que podrá participar en licitaciones públicas, concursos por invitación restringida y adjudicación directa.

Artículo 20.- En los primeros quince días de enero de cada año, la Oficialía publicará en el Sistema la relación de personas físicas o morales inscritas en el padrón de proveedores. Asimismo, mantendrá actualizado mensualmente dicho registro con las inscripciones y cancelaciones que se lleven a cabo.

Artículo 21.- Las personas físicas o morales inscritas en el padrón de proveedores, deberán ingresar al Sistema dentro de los quince días hábiles siguientes para realizar cualquier cambio a la información proporcionada.

Será la responsabilidad única y exclusiva de los proveedores registrados, el mantener la condición de “Salarialmente Responsable” por lo que en caso de ya no cumplir con esta condición, deberá dar aviso por escrito a la Oficialía Mayor a efecto de que se actualice su registro; dicho aviso deberá hacerlo en un plazo de 30 días posteriores a que haya dejado de tener la calidad de Proveedor Salarialmente Responsable.

En caso de ser omiso en la presentación de este aviso, se dará parte a la Contraloría para que con base en los procedimientos que correspondan, se determine la procedencia de inhabilitarlo como proveedor del Gobierno de la Ciudad de México.

En el supuesto de que el Proveedor Salarialmente Responsable deje de contar con esta calidad, y tenga vigente contratos y/o asignaciones con cualquier dependencia, entidad o alcaldía que ejerza presupuesto del erario público, se procederá a la inhabilitación en términos de la presente ley por la Contraloría.

Artículo 22.- Serán causas de cancelación de la constancia del registro en el padrón de proveedores, las siguientes:

  1. Cuando se haya limitado una persona física o moral para participar en licitaciones públicas, concursos por invitación restringida o adjudicación directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de esta Ley; y
  2. Cuando la persona física o moral no comunique a la Oficialía los cambios y/o modificaciones a que se refiere el artículo anterior.

 

TÍTULO TERCERO

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Artículo 23.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán sujetarse al:

  1. Sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, en los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y el sistema de planeación de la Ciudad de México que tiene como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las previsiones contenidas en sus programas operativos anuales;
  2. Los objetivos, metas, actividades institucionales y previsiones de recursos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal correspondiente; y

III.        Las disposiciones que para tal efecto recomiende el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios tendrá como uno de sus objetivos impulsar en igualdad de circunstancias, a las propuestas que presenten innovaciones tecnológicas, a la micro, pequeña y mediana empresas como proveedores, arrendadores y prestadores de servicios y dentro de éstas, a las empresas formalmente establecidas en la Ciudad de México.

Artículo 24.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y sus respectivos presupuestos considerando:

  1. Las acciones previas durante y posteriores a la realización de dichas operaciones;
  2. Los objetivos, metas y actividades institucionales a corto, mediano y largo plazo;
  • La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios;
  1. Las unidades responsables de su instrumentación;
  2. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como en su caso aquellos relativos a la Adquisición de Bienes para su posterior comercialización incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos;
  3. La existencia suficiente de bienes en sus inventarios y almacenes;
  • Los plazos estimados de suministro, y los avances tecnológicos incorporados en los bienes;
  • En su caso, los planos, proyectos, especificaciones, programas de ejecución u otros documentos similares;
  1. Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles a su cargo;
  2. La utilización y consumo de bienes producidos o Servicios prestados por Proveedores nacionales en el País o con mayor grado de integración nacional;
  3. La utilización y consumo de bienes o servicios de menor impacto al ambiente;
  • El aprovechamiento de los recursos humanos y materiales propios de la demarcación territorial donde se requieran los bienes o Servicios;
  • La atención especial, a los sectores económicos cuya promoción fomento y desarrollo estén comprendidos en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México, los programas de las alcaldías, especiales, institucionales, sectoriales y parciales; y
  • Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, aplicarán las normas contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para exigir la misma calidad a los bienes de procedencia extranjera respecto de los bienes nacionales.

Artículo 25.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos deberán verificar, si en sus archivos o en los de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades afines, existen estudios o proyectos similares, a efecto de evitar su duplicidad. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de estas, se abstendrán de llevar a cabo la licitación, y en su caso, la contratación correspondiente, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

Artículo 26.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, remitirán a la Secretaría sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con copia a la Oficialía y al Congreso de la Ciudad, en la fecha que se determine para su validación, con apego al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a más tardar el 31 de enero de cada año, publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sus programas anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

El documento que contenga los programas será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate. Dichas modificaciones deberán especificarse en un apartado especial en los informes de avance trimestral emitidos por la Secretaría.

TÍTULO CUARTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

Artículo 27.- El Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México se integrará con los titulares de la Oficialía, Contraloría, Secretaría de Finanzas, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y dos contralores ciudadanos que serán designados por la Contraloría

A nivel de Alcaldías, existirá un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité, que se integrará por un representante de cada una de las Direcciones Generales de la Alcaldía respectiva y dos contralores ciudadanos designados por la Contraloría. Dichos Comités regirán su funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

El Comité establecerá en cada una de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, que contarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, con las atribuciones señaladas en esta Ley para el Comité, y sin perjuicio del ejercicio directo por parte de éste último; excepto en el aspecto normativo, que se encuentra reservado exclusivamente para el Comité. Los Subcomités estarán integrados en la forma que establezca el Reglamento de esta Ley.

El Comité y el Comité de cada Alcaldía podrán aprobar la creación de Subcomités Técnicos de especialidad para la atención de casos específicos, que estarán vinculados a los Comités respectivos, en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 28.- El Comité tendrá las siguientes facultades:

  1. Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, y autorizar los correspondientes a los subcomités y subcomités técnicos de especialidad;
  2. Establecer los lineamientos generales que deberá impulsar la administración pública centralizada, desconcentrada, de las alcaldías y de las entidades, según sea el caso, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;

III.        Fijar las políticas para la verificación de precios mediante investigación de mercado, especificación de insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y otros requerimientos que formulen las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades;

El Comité verificará en los requisitos establecidos en las convocatorias, la no limitación de los proveedores y no estar dirigidas a favorecer a algún o algunos aspirantes.

  1. Revisar los programas y presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, así como formular observaciones y recomendaciones;
  2. Dictaminar, previamente a su contratación, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 64 de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones I y XVII del propio precepto y del artículo 68, de los que solamente se deberá informar al Comité o Subcomité correspondiente;
  3. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades;

VII.      Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las políticas internas, bases y lineamientos a que se refiere la fracción anterior, debiendo informar al titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, según corresponda su resolución;

VIII.     Analizar semestralmente el informe que rindan los Subcomités respecto de los casos dictaminados conforme a la fracción V de este artículo, así como los resultados y economías de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y en su caso, disponer las medidas necesarias para su cumplimiento;

  1. Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
  2. Analizar anualmente el informe de actuaciones de los Subcomités y de los Subcomités Técnicos por Especialidad, respecto de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y en su caso, disponer las medidas necesarias para su atención de conformidad con el procedimiento que se establezca en los lineamientos que al efecto expida el Comité; y
  3. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables a la materia.

Artículo 29.- Los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades tendrán las facultades a que se refieren las fracciones I, V y IX de elaborar el informe de las adquisiciones a que se refiere la fracción VIII del artículo 28 de esta Ley, además de las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

La Contraloría y los órganos de control interno participarán como asesores en los Subcomités de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, siempre fundando y motivando el sentido de sus opiniones.

Artículo 30.- Las dependencias y entidades podrán establecer Subcomités Técnicos de Especialidad, y deberán solicitar la opinión de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para atender casos específicos que estarán vinculados al Subcomité en los términos y condiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley, debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos designados por la Contraloría.

Las entidades establecerán Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, por aprobación expresa de sus Órganos de Gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración a dos contralores ciudadanos designados por la Contraloría.

Artículo 31.- El Gabinete mediante disposiciones de carácter general, determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso generalizado que en forma consolidada o centralizada deberán adquirir, arrendar o contratar las dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de manera conjunta, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán consolidarse entre una o más áreas para la adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios, distintos a los señalados en el párrafo anterior, con la finalidad de obtener mejores condiciones observando para tal efecto las disposiciones del Código Fiscal y las demás que establezca la Secretaría para el ejercicio del presupuesto.

Artículo 32.- La Secretaría de Desarrollo Económico deberá publicar a más tardar el 31 de enero de cada año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una lista de los bienes y servicios con grado de integración nacional mayor al 0 % que no requieran autorización por parte de ésta para su adquisición o arrendamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ABASTECIMIENTO

Artículo 33.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México instalará el Consejo Consultivo de Abastecimiento, que estará integrado por un representante de cada una de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y de las confederaciones, cámaras o asociaciones de industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

Artículo 34.- El Consejo Consultivo de Abastecimiento tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Elaborar y aprobar sus bases de organización y funcionamiento;
  2. Propiciar y fortalecer la comunicación de la Administración Pública de la Ciudad de México con los sectores industriales, comerciales y prestadores de servicios, a fin de lograr una mejor planeación de las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios;

III.        Proponer las medidas de simplificación administrativa de los trámites que se realicen en las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;

  1. Proponer la elaboración de programas para la óptima utilización y aprovechamiento de los bienes de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades; así como de sistemas de manejo ambiental;
  2. Proponer políticas de financiamiento, estímulos y fomento para la participación de los sectores industriales, comerciales y prestadores de servicios, orientándolos al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, establecidas en la Ciudad de México.

CAPÍTULO TERCERO
DEL TESTIGO SOCIAL

Artículo 35.- Participarán testigos sociales en las contrataciones cuyo monto rebase el equivalente a 250,000 veces la Unidad de Medida y Actualización. En aquellos casos en que no se rebase el monto anterior, la Contraloría determinará la participación con base en el impacto de la contratación en los programas de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías.

Artículo 36.- La Contraloría, previa convocatoria pública, acreditará como testigos sociales para ser integrados al padrón, a aquellas personas físicas o morales que cumplan con los siguientes requisitos:

  1. En caso de persona moral, acreditar que se encuentra constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro;
  2. No pertenecer a confederaciones, cámaras o asociaciones de industriales, comerciantes y prestadores de servicios;
  • No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad;
  1. No ser servidor público en activo, o no haberlo sido un año previo a la solicitud de registro;
  2. No haber sido sancionado durante el ejercicio de un cargo público;
  3. Currículum de la persona física o moral;
  • Acreditar los cursos de capacitación que imparta la Contraloría; y
  • Carta bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses.

Artículo 37.- Los testigos sociales serán seleccionados por sorteo de entre los registrados en el padrón de testigos sociales, mismos que podrán participarán en todas las etapas de los procedimientos de contratación a los que se refiere esta Ley, con voz y con el objetivo de emitir un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que se integrará al expediente correspondiente.

Dicho testimonio se publicará en la página de internet de la dependencia, órgano desconcentrado, entidad o alcaldía, dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a que finalice su participación, así como en el Sistema.

Artículo 38.-  En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control.

Artículo 39.- Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en caso de que los procedimientos de contratación contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad pública.

Artículo 40.- El Reglamento de esta Ley determinará los montos de la contraprestación al testigo social en función de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 41.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. Toda propuesta técnica y económica presentada por los licitantes, deberá tomar en consideración la utilización del papel reciclado y cartón, así como el fomento de medios electrónicos para la disminución de los anteriores elementos.

No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 64, 66 y 68 de este ordenamiento que faculten a ninguna autoridad de la Ciudad de México a realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios sin ajustarse al procedimiento de licitación pública. Los servidores públicos que incumplan con este precepto serán responsables en términos de lo dispuesto por la legislación de responsabilidades administrativas aplicable.

Artículo 42.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

  1. a) Licitación pública;
  2. b) Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y
  3. c) Adjudicación directa.

Artículo 43.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y señalados en el oficio de autorización de inversión que al efecto emita la Secretaría.

En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se lleva a cabo el procedimiento de contratación o se formalizan los contratos. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

Artículo 44.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que rebasen un ejercicio presupuestal o cuya vigencia inicie en otro ejercicio presupuestal, deberán determinarse, tanto en el presupuesto total, como en el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de presupuestos para los ejercicios subsecuentes se atenderá a los costos que, en su momento, se encuentren vigentes. Para los efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades observarán lo dispuesto en el Código Fiscal y en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, ambos de la Ciudad de México.

Artículo 45.- Las licitaciones públicas podrán ser:

I.- Nacionales: Cuando únicamente puedan participar proveedores nacionales y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido de integración nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y embarque, así como los costos financieros.

La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante reglas de carácter general, establecerá los casos de excepción correspondientes a dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado de contenido nacional de los bienes que se oferten.

La Secretaría de Desarrollo Económico, de oficio o a solicitud de la Contraloría, podrá realizar visitas para verificar que los bienes cumplen con los requisitos señalados en esta fracción; o

II.- Internacionales: Cuando participen tanto proveedores nacionales como extranjeros y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.

Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos:

  1. a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública de la Ciudad de México conforme a los tratados;
  2. b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas;
  3. c) Cuando no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y servicio en las adquisiciones, o
  4. d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con fondos no públicos otorgados a la Administración Pública de la Ciudad de México o con su garantía.

En este tipo de licitaciones la Secretaría de Desarrollo Económico determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

La Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y criterios establecidos, dictaminará el porcentaje de integración nacional requerido para los bienes o servicios importados que se requieran por las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías, sin perjuicio del procedimiento que, para su adjudicación o contratación se lleve a cabo conforme a la Ley. Esta dictaminación será previa a la que efectúe el Comité o Subcomité respectivo, para los casos en que resulte aplicable.

La Secretaría de Desarrollo Económico, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría, determinará los casos en que las licitaciones serán de carácter nacional en razón de las reservas, medidas de transacción, aprovechamiento de la planta productiva del país, y otros supuestos establecidos en los tratados internacionales.

Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado, salvo que ese país conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos.

Artículo 46.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y servicios, las cuales se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y además simultáneamente en el Sistema, y en los medios electrónicos que, en su caso, determine la Oficialía para su mayor difusión y contendrán:

  1. La denominación o razón social de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad convocante;
  2. La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la Licitación sin costo alguno;

III.        La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo;

  1. La indicación de si la Licitación es nacional o internacional;
  2. Si se realizará bajo la cobertura de algún Tratado;
  3. El idioma o idiomas en que deberán presentarse las propuestas;

VII.      La descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de los bienes o Servicios que sean objeto de la Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto, en su caso;

VIII.     La indicación de entregar o no anticipos;

  1. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en que se realizará la prestación del servicio y condiciones de pago;
  2. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; y
  3. Nombre y cargo del servidor público responsable de la licitación pública.

Artículo 47.- Las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades para las licitaciones públicas, contendrán los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, los cuales deberán sin excepción alguna cumplirse en igualdad de circunstancias y se pondrán a disposición de los interesados a través del Sistema para su consulta y obtención a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y contendrán como mínimo lo siguiente:

  1. La denominación o razón social de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;
  2. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación;

III.        Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica y garantía de la propuesta, así como la junta para comunicación del fallo y firma del contrato;

  1. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas;
  2. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los participantes;

Se deberá señalar que la autoridad convocante podrá realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de proveedores.

  1. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos y servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;

VII.       La indicación de sí la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor en su totalidad, a un proveedor por partida o sí la adjudicación se hará mediante la figura del abastecimiento simultáneo a que se refiere esta Ley, en cuyo caso, deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que no podrá ser superior al 5% con relación al precio más bajo que se haya ofrecido;

VIII.     En el caso de los contratos abiertos, la información que se estime necesaria conforme a esta Ley;

  1. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios;
  2. Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se incluirán las penas convencionales por incumplimiento del mismo;
  3. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago;

XII.      La indicación de sí se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse expresamente el porcentaje respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley;

XIII.     En los casos de Licitación internacional la convocante establecerá que las cotizaciones de las ofertas económicas se realicen en moneda nacional; sin embargo, cuando el caso lo amerite, se solicitarán cotizaciones en moneda extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada en el contrato;

XIV.     Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías;

  1. Criterios de evaluación de las propuestas, mismos que pueden ser Binario y de Puntos y Porcentajes, de acuerdo a las disposiciones que para su aplicación emita la Oficialía; y el de Costo Beneficio;

XVI.     Los requisitos que deberán cumplir los interesado en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica, ni incurrir en ninguna de las prácticas prohibidas por el artículo 107 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVII.    El señalamiento que para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas bastará con que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 

XVIII.   Los anexos técnicos en el o los idiomas que determine la convocante;

XIX.     Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos de los establecidos en las bases de la Licitación;

  1. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos;

XXI.     La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación, así como las propuestas presentadas por los Proveedores podrán ser negociadas;

XXII.    Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que algún Proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios;

XXIII.   La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la plena capacidad para proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de refacciones; instalaciones y equipo adecuado y personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes adquiridos;

XXIV. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del licitante, de no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento establecidos en la presente ley para participar o celebrar contratos;

XXV.   El grado de integración que deberán contener los bienes, de conformidad con lo que establezca la Secretaría de Desarrollo Económico;

XXVI. Indicación, en caso de que la convocante lleve a cabo visitas a las instalaciones de los participantes, del método para ejecutarlas y los requisitos que se solicitarán durante la misma. Las cuales deberán practicarse obligatoriamente a todos los participantes en igualdad de circunstancias;

XXVII. Nombre y cargo del servidor público responsable del procedimiento de licitación pública, quien firmará las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente;

XXVIII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las propuestas, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con ella;

XXIX. El formato en el cual los participantes podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto de procedimiento licitatorio;

XXX.   La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso; y

XXXI. La indicación de que los proveedores afectados por cualquier acto o resolución emitida en los procedimientos de licitación pública o invitación restringida, podrá interponer ante la Contraloría, dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir de que se notifique el acto o resolución recurrido, el recurso de inconformidad, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Artículo 48.- Tanto en licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones que contengan las bases de licitación, deberán ser los mismos para todos los participantes y sin excepción alguna todos los deben cumplir en igualdad de condiciones. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de veinte días contados a partir de la fecha de publicación de las convocatorias.

Artículo 49.- La Contraloría podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones de esta Ley, declarando la suspensión temporal o definitiva de cualquier procedimiento de licitación pública o invitación restringida.

De declararse la suspensión definitiva del procedimiento, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, analizarán la procedencia de reembolsar a los participantes que así lo soliciten, los gastos no recuperables que hayan realizado, siempre que se acrediten documentalmente y se relacionen directamente con el procedimiento correspondiente, debiendo fundar y motivar casuísticamente la procedencia o improcedencia del pago.

En caso de que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones detecte violaciones a las disposiciones de esta Ley, podrá instruir, bajo su responsabilidad, a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que procedan a declarar la suspensión temporal, la rescisión o la terminación anticipada de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Artículo 50.- Todo interesado tendrá derecho a presentar su propuesta. La convocante no podrá exigir requisitos adicionales a los previstos por esta Ley y a los establecidos en las bases; asimismo, la convocante publicará en el Sistema toda la información relacionada con la licitación.

La omisión o incumplimiento de cualquier requisito solicitado en las bases de licitación será motivo de descalificación. No será motivo de descalificación en los siguientes casos:

  1. Cuando se presenten documentos originales que puedan sustituir el requisito de copias simples o certificadas solicitadas.
  2. Cuando la omisión del requisito en la revisión cuantitativa se encuentre inmerso en otro documento de la propuesta, para lo cual deberá manifestarlo en ese momento el licitante; a reserva de su revisión cualitativa por parte de la convocante para determinar sobre su cumplimiento y en su caso aceptación o descalificación. En caso que el licitante no realice la manifestación señalada, deberá procederse a su descalificación.

La convocante deberá fundar y motivar la toma de decisión de no proceder a la descalificación.

Artículo 51.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, no podrán modificar los aspectos establecidos en la convocatoria y las bases de licitación.

Artículo 52.- En las licitaciones públicas, la entrega de propuestas se hará por escrito en un sobre cerrado de manera inviolable, que contendrá la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica incluyendo la garantía de formalidad de las ofertas.

Artículo 53.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con las personas físicas o morales, que se encuadren en cualesquiera de las circunstancias siguientes:

  1. Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier forma en la Licitación y adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas a las que les pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas, formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
  2. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal o de la Ciudad de México, o lo hayan desempeñado hasta un año antes de la publicación de la licitación pública, o fecha de celebración del contrato en caso de tratarse de adjudicaciones directas o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y por escrito de la Contraloría conforme a la Ley que regula en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

III.        Las que por causas imputables a ellas, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, les hubieren rescindido administrativamente algún contrato;

  1. Las que por causas imputables a ellas no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales derivadas de un contrato anterior y que, como consecuencia de ello las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades respectivas, hayan sufrido un detrimento en su patrimonio, según se establezca en la sentencia o resolución definitiva;
  2. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, las que hubieren proporcionado información o documentación cuya expedición no es reconocida por la persona o servidor público competente de su expedición o las que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento de Licitación o en el proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia, o bien, durante la presentación o desahogo de una inconformidad;
  3. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley o las que injustificadamente y por causas imputables a las mismas no formalicen el contrato adjudicado;

VII.      Las que se encuentren en situación de atraso en la entrega de bienes o servicios por causas imputables a ellas o presenten deficiencias en calidad de los mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos celebrados con la misma convocante o con cualquier otra dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad; el impedimento permanecerá mientras dure el incumplimiento;

VIII.     Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra, que estén sujetas a un proceso de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores;

  1. Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, que se requieran para dirimir controversias entre tales personas y las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades;

X.-       Las que se encuentren impedidas por resolución de la Contraloría en los términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, o por resolución de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios;

  1. Aquellas personas físicas o morales, socios de personas morales, o sus representantes, que formen parte de otras que se encuentren participando en el mismo procedimiento;

XII.-     Aquellas personas físicas, socios de personas morales, sus administradores o representantes, que formen o hayan formado parte de las mismas al momento de cometerse la infracción, que se encuentren impedidas por resolución de la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativa o municipios;

XIII.     Aquellas que presenten garantías, que no resulte posible hacerlas efectivas por causas no imputables a la Administración Pública de la Ciudad de México;

XIV.     Cuando se compruebe por la convocante durante o después del procedimiento de licitación o invitación restringida o de la celebración o dentro de la vigencia de los contratos, que algún proveedor acordó con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicio; y

  1. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición legal.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitir en forma oportuna a la Contraloría, la documentación soporte para que inicie el procedimiento respectivo en el ámbito de su competencia.

Artículo 54.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades convocantes, a través del servidor público responsable del procedimiento de licitación, están obligados a revisar antes de la celebración de la primera etapa del procedimiento de licitación pública o invitación restringida, de la emisión del fallo y la celebración de los contratos, que ninguna de las personas físicas o morales licitantes o proveedores, se encuentren sancionados por la Contraloría, por la Secretaría de la Función Pública o en incumplimiento contractual que den a conocer en sus respectivos sitios de Internet, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, según corresponda; debiendo para tal efecto, hacerse constar en las actas correspondientes, que se realizó la revisión señalada.

El órgano de control participante, deberá verificar que se dé cumplimiento al imperativo señalado en el párrafo anterior, no estando obligado a firmar las actas del procedimiento, en caso de su omisión por la convocante.

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento por parte de las áreas contratantes, a lo dispuesto por el artículo 53 de esta Ley.

Artículo 55.- En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los bienes o servicios, así como de los recursos materiales con mayor grado de integración nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

Artículo 56.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades no podrán financiar a los proveedores para la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de contratación por parte de las mismas.

No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en términos de esta Ley, y no podrán exceder del 50% del monto total del contrato.

En casos excepcionales y debidamente justificados, podrá aumentarse el porcentaje de los anticipos, debiendo para ello existir previamente la autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.

Artículo 57.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, previa aplicación de las penas convencionales correspondientes hasta por el monto de la garantía de cumplimiento, podrán rescindir administrativamente los contratos y hacer efectivas las garantías respectivas, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores, misma que será notificada en forma personal a los proveedores.

El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las penas convencionales, salvo que existan causas suficientes y justificadas, que pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas, o peligre el medio ambiente de la Ciudad de México o se afecte la prestación de los servicios públicos, se procederá a la rescisión sin agotar el plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la Contraloría. No se considerará incumplimiento los casos en que por causas justificadas y excepcionales y sin que el retraso sea por causas imputables al proveedor, el servidor público responsable otorgue por escrito, previo a su vencimiento y a solicitud expresa del proveedor, un plazo mayor para la entrega de bienes o prestación de servicios, el cual en ningún caso excederá de 20 días hábiles.

El procedimiento de rescisión podrá iniciarse en cualquier momento, mientras se encuentre pendiente el cumplimiento de los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes, estipuladas en el contrato, aún concluida la vigencia establecida en el mismo.

Si previamente a la emisión de la resolución de la rescisión del contrato, el proveedor hiciera entrega de los bienes o se proporcionarán los servicios o arrendamientos, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, dejará sin efectos el procedimiento de rescisión iniciado.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá constar por escrito y será improrrogable, y de no cumplir el proveedor en el plazo establecido, se iniciará nuevamente el procedimiento de rescisión administrativa sin que pueda pactarse un nuevo plazo.

Asimismo, podrán suspender definitivamente el procedimiento de una licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores y no celebrar contratos, previa opinión de la Contraloría, cuando para ello concurran razones de interés público o general, por caso fortuito o causa de fuerza mayor debidamente justificadas, o existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la contratación, o la necesidad de modificar las características o especificaciones de los bienes, arrendamientos o servicios, para obtener mejores condiciones o para cumplir eficientemente con la prestación de los servicios públicos encomendados.

En todos los casos, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán fundar y motivar la toma de decisión.

CAPÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 58.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Las bases estarán a disposición de los interesados hasta el momento de la presentación de las propuestas, indistintamente de tratarse de licitación pública nacional o internacional.

Para el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica, la convocante determinará los plazos en las bases de la licitación, tomando en consideración las necesidades particulares y las características específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar.

En todos los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, los actos serán públicos, cualquier interesado en atestiguar el acto deberá presentar identificación oficial.

La convocante en la junta de aclaración de bases deberá dar respuesta a cada una de las dudas y cuestionamientos que hayan presentado los participantes, previo a su celebración o durante el desarrollo de la misma, sean por escrito o verbales, a fin de que los participantes se encuentren en igualdad de circunstancias.

  1. En la primera etapa de presentación y apertura de la propuesta, los licitantes entregarán su proposición en sobre cerrado en forma inviolable, se procederá a la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la documentación legal y administrativa, técnica y económica, desechándose las que hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos.

La documentación de carácter devolutivo como las garantías de la formalidad de las propuestas, las pruebas de laboratorio y/o las muestras presentadas en el acto de presentación y apertura de la propuesta, serán devueltas por la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad; transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, previa solicitud por escrito.

Todos los licitantes rubricarán las propuestas presentadas y quedarán en custodia de la convocante para salvaguardar su confidencialidad, procediendo posteriormente a la evaluación de las propuestas con el criterio de evaluación señalado en las bases de dicha convocatoria, mismo que mediante dictamen será dado a conocer en el acto del fallo.

El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente:

  1. a) Documentación legal y administrativa;
  2. b) Propuesta técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de las pruebas requeridas, la verificación de las especificaciones y la descripción de los métodos de ejecución, contenidos como requisitos en las bases de licitación; y
  3. c) Propuesta económica.

En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren con los requisitos solicitados en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por la convocante, respecto de los bienes y servicios objeto de la licitación, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.

  1. En la segunda etapa, en junta pública la convocante comunicará el resultado del dictamen, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, señalándose detalladamente las causas por las cuales fueron desechadas las propuestas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos, así como el nombre del licitante que oferte las mejores condiciones y el precio más  bajo por lo bienes o servicios objeto de la licitación, dando a conocer el importe respectivo.

Se comunicará a los licitantes que en ese mismo acto, podrán ofertar un precio más bajo por los bienes o servicios objeto de  la licitación o invitación restringida, en beneficio del área convocante, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de  la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para el área convocante, lo cual podrán efectuar siempre y cuando, en el acto se encuentre presente la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral  licitante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto.

Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en diversas ocasiones, mediante el formato que para tal efecto establezca la convocante en las bases licitatorias, hasta que no sea presentada una mejor propuesta por algún otro participante.

Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, la convocante realizará evaluación Costo – Beneficio y aplicará los siguientes criterios para el desempate:

  1. a) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a las mismas establecidas en las bases, con relación a los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de Proveedores con la anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable.
  2. b) En caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia a las propuestas que presenten innovaciones tecnológicas, y si persistiera el empate, a las personas que integren el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, en términos de los lineamientos establecidos por el Comité. De subsistir el empate entre las personas del sector señalado la adjudicación se realizará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del reglamento de esta Ley. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, deberá ser invitado al mismo un representante de la Contraloría.

Una vez determinado el licitante, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se levantará acta entregándose copia fotostática a cada uno de los asistentes y se  notificará personalmente a los que no hubieren asistido. La emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la convocante y bajo su responsabilidad, siempre y cuando existan circunstancias debidamente justificadas.

Aquellos participantes que hayan sido descalificados en la primera etapa del procedimiento licitatorio, podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter, único y exclusivamente de observadores.

Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán presididos por el servidor público que designe la convocante en las bases, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, así como para definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del procedimiento en términos de la presente ley.

Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos los participantes que no se encuentren descalificados, los servidores públicos que lleven a cabo el procedimiento, así como del representante de la Contraloría General o del órgano interno de control, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma.

Artículo 59.- Para realizar la evaluación de las propuestas, la convocante deberá verificar que las mismas incluyan toda la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, una vez hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen que servirá de fundamento para emitir el fallo, el cual indicará la propuesta que, de entre los licitantes, haya cumplido con todos los requisitos legales y administrativos, técnicos, de menor impacto ambiental y económicos requeridos por la convocante, que haya reunido las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México, en su caso que haya acreditado ser proveedor salarialmente responsable, que haya garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado el precio más bajo.

Artículo 60.- Contra la resolución que contenga el fallo, se estará a lo dispuesto en el artículo 106 de esta Ley.

Artículo 61.- La convocante procederá a declarar desierta una licitación cuando ningún proveedor reúna los requisitos solicitados en las bases de licitación o sus precios no fueren convenientes.

Para determinar que los precios ofertados no resultan convenientes, la convocante deberá fundar y motivar su resolución, tomando en consideración  los estudios de precios de mercado realizados previo al procedimiento licitatorio.

Una vez que se declare desierta la licitación o alguna de sus partidas, la convocante procederá conforme a lo previsto por el artículo 64, fracción I de esta Ley.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 62.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 64 y 66 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, tendrán preferencia para no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.

La facultad preferente que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren para la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento, promoción de Proveedores Salarialmente Responsables, y demás circunstancias pertinentes.

Artículo 63.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a más tardar dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, enviarán un informe a la Secretaría, una copia a la Contraloría y otra a la Oficialía, en el que se referirán las operaciones autorizadas de conformidad con los artículos 64 y 66 de la Ley, realizadas en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de las actas de los casos que hayan sido dictaminados al amparo del artículo 64 por el Comité o Subcomité correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán además a su Órgano de Gobierno, el informe señalado.

Artículo 64.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes, bajo su responsabilidad, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, siempre que:

  1. Se haya declarado desierta una licitación pública y se haya llevado a cabo una Convocatoria Amplia siempre que se mantengan los mismos requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación. En esta situación, la convocante definirá si realiza un procedimiento de invitación restringida a por lo menos tres proveedores o una adjudicación directa;
  2. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;
  • En casos de emergencia, urgencia cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de la Ciudad de México, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, siempre y cuando sea declarada por la autoridad competente
  1. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, que ocasione un desabasto y no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
  2. Cuando se requiere de adquisiciones o arrendamiento de bienes o materiales de marca, modelo o especificaciones determinadas, mismos que se encuentren patentados o bajo licencia;
  3. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuya contratación se realice con campesinos o grupos rurales o cooperativas legalmente constituidas, que residan en la Ciudad de México y que la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos;
  • Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente aceptables y el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;
  • Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento u oportunidad;
  1. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor, en estos casos la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad, de ser el caso, podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10 %. La convocante podrá pactar la actualización de los precios de los bienes o servicios, acorde a los del mercado en el momento de la contratación, sin que en ningún caso se pueda exceder del monto promedio del estudio de mercado actualizado;

En caso de no existir propuesta solvente conforme al párrafo anterior, o no se estime conveniente por la convocante su contratación, ésta podrá adjudicar directamente el contrato a otro proveedor o prestador de servicios.

  1. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuya contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés público o comprometer información de naturaleza restringida para la Administración Pública de la Ciudad de México;
  2. Existan razones justificadas para la Prestación de Servicios de una marca determinada;
  • Se trate de Adquisiciones de bienes perecederos, alimentos preparados, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, para uso o consumo inmediato;
  • Se realicen con fines de seguridad pública, cuando se comprometa la confidencialidad o alguna cuestión estratégica, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta Ley;
  • Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios que realicen las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades para someterlos a procesos productivos en cumplimiento a su objeto o para fines de comercialización;
  1. Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;
  • Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales que, sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en condiciones excepcionalmente favorables;
  • Se trate de Servicios profesionales prestados por personas físicas;
  • La contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran bienes o proporcionen servicios de carácter cultural, artístico o científico, en los que no sea posible precisar la calidad, alcances o comparar resultados;
  • Medicamentos, material de curación, y equipo especial para los hospitales, clínicas o necesarios para los servicios de salud;
  1. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un gasto adicional para la Administración Pública de la Ciudad de México;
  • El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, arrendamientos o adquisición de bienes que impliquen innovaciones tecnológicas, siempre que se garantice la transferencia de tecnología en favor de la Ciudad y/o se promueva la inversión y/o la generación de empleos permanentes, ya sean directos o indirectos en la Ciudad de México. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales debidamente detallados;
  • La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen a actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; realización de proyectos específicos de investigación científica y modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación; y
  • No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al proveedor. En este caso se procederá conforme al artículo 70 de la Ley.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la autorización del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, para lo cual deberá elaborarse una justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia.

En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos.

Para los efectos de la última parte del párrafo anterior, la Administración Pública de la Ciudad de México, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías deberán optar por una persona capaz de generar los bienes o proveer el servicio de que se trate.

Artículo 65.- Realizada una licitación pública y que se haya declarado desierta, se tendrá que llevar a cabo una Convocatoria Amplia, que deberá establecer las mismas bases de la licitación declarada desierta, para incentivar el alta de nuevos proveedores no registrados en el padrón. 

Los bienes o servicios que se encuentren registrados por un único proveedor en el padrón de bienes, servicios y proveedores no podrán ser susceptibles de contratación, sino hasta después de 60 días hábiles de iniciada la Convocatoria Amplia correspondiente. Si después de 60 días hábiles de iniciada la Convocatoria Amplia no incrementa el número de proveedores para los bienes y/o servicios correspondientes, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa conforme a lo descrito en la presente ley.

Artículo 66.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 64 de esta Ley las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

La suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo no podrán exceder del 20% de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado, para la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad.

No integrará a este concepto las contrataciones que se lleven a cabo mediante procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 68 de esta Ley.

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este artículo podrán exceder el porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas previamente, por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su estricta responsabilidad, y que sean registradas detalladamente en el informe que mensualmente será presentado al Comité o Subcomité, según sea el caso.

Artículo 67.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores a que se refieren los artículos 64 y 66 de esta Ley, se realizarán atendiendo a lo previsto en la presente ley, para tal efecto se deberá observar lo siguiente:

  1. La apertura de los sobres se hará aún sin la presencia de los participantes, quienes deberán ser invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar con la asistencia de un representante de la Contraloría o del órgano interno de control de la adscripción;
  2. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos por la convocante, se procederá al análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual se deberá contar con un mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente con los requisitos solicitados;

III.        En las solicitudes de cotización, se indicarán, como mínimo la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos y los aspectos que correspondan del artículo 47;

  1. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán en cada procedimiento atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su evaluación; y
  2. En el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se aplicará en lo conducente el procedimiento de la licitación pública.

En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación podrá optar por adjudicar directamente el contrato, prefiriendo a aquellas personas físicas o morales que además de no haber tenido incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la Administración Pública de la Ciudad de México, conforme a la información publicada por las áreas mencionadas, se encuentren identificadas en el padrón de proveedores como Proveedores Salarialmente Responsables.

Artículo 68.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán autorizar en casos de extrema urgencia, la contratación directa de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando se trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o peligre la seguridad e integridad de los habitantes de la Ciudad de México, para lo cual deberán dar aviso por escrito, en cuanto le sea posible a la Contraloría y en términos del artículo 63 en cuanto las circunstancias lo permitan.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS

Artículo 69.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán determinar la procedencia de distribuir la adjudicación de un mismo bien o la prestación de un servicio a dos o más proveedores, siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación la figura de abastecimiento simultáneo.

En este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considerará para determinar los proveedores susceptibles de adjudicación no podrá ser superior al 5% respecto de la propuesta solvente más baja y se concederá un porcentaje mayor de adjudicación para la primera propuesta que reúna las condiciones técnicas y económicas más benéficas a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, y en un menor porcentaje a las siguientes propuestas.

Para el caso de que no hubiere propuestas cuyo diferencial se encuentren dentro del porcentaje antes señalado, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, podrán adjudicar el 100% a la primera propuesta que reúna las condiciones legales y administrativas, técnicas y económicas más benéficas para el gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 70.- Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo establecido en las bases de licitación pública o, invitación restringida a cuando menos tres proveedores, correspondiente, aun en el supuesto de la fracción XI del artículo 64 de esta Ley, en un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente.

Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse previo a la adquisición, inicio del arrendamiento o prestación del servicio.

En los contratos que se celebren para la adjudicación de bienes o la prestación de servicios, deberá establecerse la obligación de la persona física o moral de mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor que determinó la adjudicación.

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una licitación o invitación a cuando menos tres proveedores, perderá en favor de la convocante la garantía de formalidad para el sostenimiento de la propuesta que hubiere otorgado si por causas imputables a él, la operación no se formaliza dentro del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, o si por causas imputables al proveedor resulta improcedente su formalización. En este último caso se deberá levantar acta circunstanciada, debidamente fundada y motivada, en la que se establezcan las razones por las que jurídicamente no es permisible formalizar el contrato con el licitante ganador, lo cual se le deberá notificar.

En estos casos la convocante podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda y/o demás propuestas económicas que sigan en orden, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere esta Ley, hasta que el requerimiento de abastecimiento esté satisfecho y cuyos diferenciales de precio no rebasen el 10% de la oferta que hubiere resultado ganadora, o bien, de no existir propuestas, proceder a su adjudicación directa.

Artículo 71.- El Proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, no estará obligado a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la convocante, por causas no imputables al mismo Proveedor, no firmare el contrato dentro del plazo establecido en esta Ley, en cuyo caso, la convocante le reembolsará los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que estos estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la Licitación de que se trate.

El atraso de la convocante en la formalización de los contratos respectivos por el incumplimiento de sus obligaciones, o en el otorgamiento del anticipo, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Artículo 72.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.

Los particulares podrán subcontratar para el proceso o elaboración de los bienes o prestación de servicios objeto del contrato, siempre que la convocante así lo establezca en las bases de licitación o invitación restringida correspondiente, y su monto no exceda del porcentaje del total del contrato que señalen las propias bases o invitación, y que el participante lo manifieste expresamente en su propuesta o, en su caso, en la cotización respectiva, tratándose de adjudicación directa. En esta manifestación se indicarán las partes que serán sujetas de subcontratación, el nombre, denominación o razón social del subcontratado, el porcentaje que la subcontratación representa respecto de la totalidad de los bienes, arrendamientos o servicios, así como el compromiso de los firmantes de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones.

En todos los casos que se permita la subcontratación, el proveedor adjudicado será el responsable del cumplimiento del contrato. El pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se realizará al proveedor adjudicado.

Artículo 73.- En las adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, deberá señalarse en las bases de licitación y formalizarse en el contrato respectivo, la condición de precio fijo.

Tratándose de contratos que abarquen dos o más ejercicios presupuestales, autorizados previamente por la Secretaría, en términos de lo dispuesto en el Código Fiscal y en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, ambos de la Ciudad de México, se podrá pactar incrementos a los precios, para los subsecuentes ejercicios, con base en el procedimiento establecido para ello en el contrato.

En casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula que determine previamente la convocante en las bases de la licitación. En ningún caso procederán ajustes que no hubieren sido considerados en las propias bases de la licitación.

Artículo 74.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:

  1. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento. En el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse;
  2. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios relacionada con sus correspondientes precios unitarios;

III.        Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriban, salvo que se obtenga previamente autorización de la Secretaría para afectar recursos presupuestales de ejercicios posteriores, en los términos del Código Fiscal y en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, ambos de la Ciudad de México; y

  1. Su vigencia no excederá de tres ejercicios fiscales, salvo que se trate de proyectos de largo plazo que autorice expresamente el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 75.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán pagar al proveedor el precio convenido en las fechas establecidas en el contrato, salvo que en la entrega de los bienes adquiridos o los servicios prestados no hayan cumplido con las condiciones pactadas.

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, por causas imputables a la convocante y sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir el servidor público que corresponda a la convocante, ésta deberá pagar cargos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos cargos se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días calendario contados a partir del décimo primer día hábil de la fecha en que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes, a requerimiento de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, según sea el caso, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad.

Artículo 76.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados, arrendados o servicios requeridos mediante modificaciones a sus contratos vigentes y que el monto total de las modificaciones no rebasen en su conjunto el 25% del valor total del contrato, siempre y cuando el precio y demás condiciones bienes o servicios sea igual al inicialmente pactado, debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento de contrato y anticipo, en su caso.

En los contratos de arrendamiento y servicios se podrá prorrogar o modificar la vigencia de los mismos en igual porcentaje al señalado en el párrafo anterior, siempre y cuando no se haya modificado por concepto y volumen en este porcentaje. Si se ha modificado un contrato por concepto y volumen en un porcentaje inferior al 25% de lo originalmente pactado, la prórroga podrá operar por el porcentaje restante sin rebasar el 25% mencionado.

En caso de que un contrato anual, se requiera prorrogar más allá del ejercicio fiscal para el que fue contratado, procederá siempre y cuando la Secretaría lo autorice previamente, conforme al Código Fiscal y en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, ambos de la Ciudad de México, estando sujeto a disponibilidad presupuestal, y con cargo al presupuesto de la unidad administrativa para el siguiente ejercicio.

Para los casos de contratos de adjudicaciones consolidadas, se podrán aumentar y/o disminuir sin limitación alguna las cantidades de bienes o servicios originalmente pactados, cuando otras dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, se encuentren interesadas en adquirir o contratar los mismos bienes o servicios.

Artículo 77.- El Gobierno de la Ciudad de México podrá constituir los mecanismos y estructuras financieras que se requieran para otorgar Garantías de Pago al Proveedor, cuando se considere necesario para la viabilidad de un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, en términos de lo dispuesto en la ley en la materia.

Artículo 78.- Cualquier modificación a los contratos deberá constar por escrito, los instrumentos legales en donde consten dichas modificaciones serán suscritos por los servidores públicos que hayan formalizado los contratos o por quienes los sustituyan en el cargo o funciones.

Artículo 79.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar mejores condiciones para el proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

Artículo 80.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo de los proveedores por incumplimiento a los contratos, por deficiencia o mala calidad de los bienes o servicios, y por el atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios. Cuando se pacte ajuste de precios la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

Una vez concluido el plazo para la aplicación de las penas convencionales y, en su caso, la rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar los anticipos más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días calendario desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan a disposición las cantidades a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán decretar la terminación anticipada de los contratos, sin agotar el plazo para la aplicación de las penas convencionales, previa opinión de la Contraloría por causas debidamente justificadas y que de no procederse a la terminación de los mismos se pudiera alterar la seguridad e integridad de las personas o el medio ambiente de la Ciudad de México, o se afecte la prestación de los servicios públicos, sin necesidad de la aplicación de penas convencionales, en los casos en que existan circunstancias que causen afectaciones a los intereses del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 81.- Los proveedores quedarán obligados ante las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a responder de los defectos y vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los bienes o servicios y arrendamientos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para la Ciudad de México.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán en cualquier momento realizar pruebas de laboratorio y las visitas de comprobación que estime pertinentes, durante la vigencia de los contratos, distintas a las programadas en las bases correspondientes, o las referidas en el artículo 94 de esta Ley, a efecto de constatar la calidad, específicamente y cumplimiento en la entrega de los bienes y prestación de los servicios contratados. En el caso de detectarse irregularidades, los contratos respectivos serán susceptibles de ser rescindidos y de hacerse efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente, conforme el procedimiento que establece el Reglamento de esta Ley.

Artículo 82.- A los proveedores corresponderá el pago de los impuestos, derechos y aranceles, cuotas compensatorias, entre otros, que graven los bienes de importación objeto de un contrato, salvo pacto en contrario que se establezca en el propio contrato, en ningún caso procederá incremento a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

Artículo 83.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades estarán obligados a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación, así como vigilar que se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LAS GARANTÍAS

Artículo 84.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar:

  1. La formalidad de las propuestas en los procedimientos de licitación, con un mínimo del 5% del total de su oferta económica, sin considerar impuestos;

La convocante conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, y serán devueltas a los licitantes a los 15 días hábiles, salvo la de aquella a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente;

  1. Los anticipos que, en su caso reciban, se entregarán a más tardar, dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía. Esta garantía deberá constituirse por el 100% del monto total del anticipo; y

III.        El cumplimiento de los contratos, con un importe máximo del 15% del total del contrato sin considerar cualquier contribución.

Artículo 85.- Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades celebren contratos en los casos señalados en el artículo 64, fracciones I, VI, XIV, XVII y XVIII y por adjudicación directa que por monto se sitúen en las hipótesis del artículo 66 de esta Ley, podrán, bajo su responsabilidad, eximir al proveedor de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.

La Secretaría podrá autorizar previa solicitud de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, admitir otra forma de garantía o eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren al amparo de esta Ley.

Artículo 86.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley por contratos que se celebren con las dependencias y órganos desconcentrados, se constituirán a favor de la Secretaría y cuando se trate de contratos que se celebren con las entidades o alcaldías, las garantías se constituirán a favor de éstas, de conformidad con el libro segundo, título cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México, mismas garantías que se otorgarán en la firma del contrato respectivo.

Artículo 87.- Para efectos del artículo 84, las garantías de sostenimiento de la propuesta, la de cumplimiento de contrato y anticipo deberán presentarse mediante los procedimientos previstos en esta Ley y los medios que determine la Secretaría.

Las garantías a que se refiere este artículo deberán ser expedidas a nombre de la Secretaría, para el caso de las entidades o alcaldías se otorgarán a favor de éstas; respecto de los cheques, éstos serán no negociables.

TÍTULO QUINTO
DE LA INFORMACIÓN Y LA VERIFICACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 88. Toda información generada en los procedimientos establecidos en esta Ley deberá publicarse en el portal de transparencia del ente, la dependencia, la entidad, alcaldía o unidad administrativa contratante, salvaguardando la información clasificada como reservada o confidencial.

Artículo 89.- La forma y términos en que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitir a la Contraloría y a sus respectivos órganos internos de control, a la Oficialía y a la Secretaría, la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos de manera sistemática y coordinada por las mismas en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación original comprobatoria de los actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de su recepción, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables, y en el caso de la documentación con carácter devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada.

La información requerida para el Sistema deberá remitirse de manera inmediata tras su emisión a la unidad técnica de la Oficialía.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del Sistema Electrónico de Compras Públicas

Artículo 90.- La Oficialía contará con una unidad técnica que diseñará, implementará, mantendrá y administrará un sistema de información pública en materia de esta Ley que deberá estar disponible a todo público, con la información que deberá ser proporcionada inmediatamente después de haber sido emitida por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, además de lo establecido en la ley en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en la Ciudad de México, así como de las recomendaciones que para tal caso emita el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en materia de tecnologías de gobierno y posibles afectaciones a la privacidad de los particulares, y las excepciones que regule el Reglamento de esta Ley y las disposiciones administrativas que emitan los entes gubernamentales.

El Sistema Electrónico de Compras Públicas tendrá como fines difundir información relevante para los proveedores potenciales, tal como las convocatorias, juntas de aclaraciones y actas de los eventos del proceso de contratación; ser un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación electrónicos; propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; y generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y asignación de presupuesto de las contrataciones públicas, así como la creación de todos los informes relativos a las evaluaciones.

El Sistema será electrónico, en un portal de internet, e integrará la información y documentación que de cumplimiento a esta Ley se publique en otros medios y/o espacios.

El Sistema publicará abiertamente, por lo menos, la siguiente información:

  1. Normatividad aplicable a las compras públicas;
  2. La versión pública de los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, entidades o unidades administrativas y sus modificaciones;
  • Organigrama, datos de contacto de las y los titulares de la Contraloría y órganos internos de control de todos los entes públicos; y buzón ciudadano de denuncia sobre hechos de corrupción;
  1. El Padrón de proveedores o el vínculo electrónico donde aparezca dicho padrón;
  2. Registro de proveedores sancionados y las razones para ello o el vínculo electrónico donde aparezca esta información;
  3. Los formularios o formatos relativos a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios;
  • Las convocatorias de licitaciones públicas, amplia y de invitación restringida a por lo menos tres proveedores;
  • Las bases, anexos y folletos técnicos de las convocatorias;
  1. Las actas de las juntas de aclaraciones;
  2. Mecanismos de consulta, aclaración y quejas;
  3. Las actas de presentación y apertura de propuestas;
  • Los fallos de los procedimientos de licitación o invitación restringida, las cancelaciones de éstas, o el acto mediante el cual se determinó adjudicar de manera directa el contrato;
  • Las cotizaciones y resultados de las adjudicaciones directas;
  • Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y los datos relevantes de los contratos adjudicados;
  1. Los contratos suscritos y sus modificaciones, en términos de las disposiciones vigentes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales;
  • El Padrón de Testigos Sociales;
  • Los testimonios, observaciones y denuncias de testigos sociales;
  • La publicación de las auditorías;
  • Los informes que disponga la presente Ley;
  1. Los trámites que se podrán realizar en línea;
  • El Sistema también contendrá, para acceso exclusivo de las autoridades, los estudios de mercado y el Registro de Estudios;
  • Programas de capacitación en materia de contrataciones;
  • Diagramas o esquemas interactivos que permitan una mejor comprensión de cada uno de procedimientos y recursos de esta Ley; y
  • Así como otra información pública relativa a las materias que regula esta Ley y las que establezca el Reglamento, y las disposiciones administrativas aplicables que emita el Comité de Adquisiciones.

 

La Oficialía deberá actualizar el Sistema en cuanto se emita la información y señalar en el portal la fecha de la última actualización.

El Sistema estará disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesible, público y gratuito, podrá tener opciones para ser consultado en inglés. En caso de discrepancia entre las versiones en español y las que se encuentren en otro u otros idiomas, prevalecerá la versión en españo.

Artículo 91.- Las unidades de enlace de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades responsables del manejo de los documentos relacionados con los procedimientos establecidos en esta Ley deberán regirse por el principio de máxima publicidad. Por ello deberán asegurar que la información puesta a disposición en medios electrónicos sea de fácil acceso y uso.

Artículo 92.- La Oficialía implementará una metodología dentro del sistema de evaluación de la Ciudad para evaluar anualmente los resultados de los contratos celebrados, así como el rendimiento de los bienes, servicios y arrendamientos que adquiere. Tales evaluaciones deberán medir los resultados de las compras conforme a las metas, fines y objetivos establecidos en los planes y programas de la dependencia, entidad o unidad administrativa correspondiente, cerciorándose de que se identifican en forma clara a los responsables de cada proceso.

Las evaluaciones serán realizadas en forma conjunta entre las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, mismas que deberán elaborar un informe anual de resultados en los términos que la Oficialía y el sistema de evaluación determinen.

Al efecto, la Oficialía podrá ordenar, en cualquier tiempo, auditorías para la evaluación del desempeño en materia de adquisiciones, las cuales se incluirán en el informe anual de resultados. Ello con independencia de las facultades de auditoría que competen a la Contraloría, Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la Auditoría Superior de la Federación.

Las personas titulares de la alcaldía podrán implementar controles institucionales para prevenir actos de corrupción, mecanismos de seguimiento, evaluación y observación pública de las licitaciones y contrataciones que se realicen.

El resultado de estas evaluaciones deberá hacerse del conocimiento de los respectivos comités o subcomités a fin de que sea tomado en cuenta en la planeación del año subsecuente  y en el informe anual de resultados.

Artículo 93.- La Oficialía, en el ámbito de sus atribuciones, en coadyuvancia con la Contraloría y los órganos internos de control, establecerá las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA VERIFICACIÓN

Artículo 94.- La Secretaría y la Oficialía, en el ejercicio de sus respectivas facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las Adquisiciones, los Arrendamientos, y la prestación de los Servicios contratados, se realicen estrictamente conforme a lo establecido en esta Ley y en otras disposiciones aplicables, así como en los programas y presupuestos autorizados.

Asimismo, la Secretaría, la Contraloría, los órganos internos de control y la Oficialía, podrán llevar a cabo las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, a las instalaciones de los proveedores que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios e igualmente podrán solicitar de los servidores públicos y de los proveedores que participen en ellas, que aporten todos los datos, documentación e informes relacionados con los actos de que se trate.

La Contraloría y los órganos internos de control podrán verificar en cualquier tiempo que las operaciones se realicen conforme a esta Ley, programas y presupuesto autorizado. Asimismo, podrán revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos en materia de esta Ley, incluyendo sus términos contractuales y estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos electorales.

Artículo 95.- La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles se hará en los laboratorios que determine la Secretaría de desarrollo Económico, pudiéndose incluir aquellos con  que cuenten las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, de la Federal o de las Entidades Federativas, adquirentes o con cualquier tercero con la capacidad técnica y legal necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este artículo.

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya realizado la verificación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad adquirente, si hubieren intervenido. No se invalidará el dictamen en caso de que el proveedor se niegue a firmar el mismo siempre y cuando se le haya notificado de la diligencia.

Artículo 96.- La Oficialía, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloría y a los órganos internos de control, podrá verificar la calidad de los bienes muebles a través de la propia dependencia, entidad o unidad administrativa de que se trate, o mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia, entidad o unidad administrativa respectiva, si hubieren intervenido. No se invalidará el dictamen en caso de que el proveedor se niegue a firmar el mismo siempre y cuando se le haya notificado de la diligencia.

TÍTULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 97.- Los servidores públicos que infrinjan esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán sancionados conforme a lo dispuesto por la legislación de responsabilidades administrativas aplicable. La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del incumplimiento de la presente Ley, será independiente de las de orden civil o penal que pudieran derivar de los actos irregulares.

 

Artículo 98.- Los licitantes o proveedores que se encuadren en las hipótesis del artículo 53 de la Ley, no podrán presentar propuestas o celebrar contratos en un plazo de uno a tres años a juicio de la Contraloría, contados a partir de la fecha en que la Contraloría lo haga del conocimiento de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, previo desahogo del procedimiento administrativo para declarar la procedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y celebración de contratos.

Transcurrido el plazo y cumplida la sanción, el proveedor o participante podrá solicitar su reincorporación al Padrón de proveedores.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 99.- Las partes de un contrato de los estipulados en la presente Ley podrán convenir en utilizar la negociación o mediación como mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. Tales mecanismos podrán convenirse en el propio contrato. En todo caso, se ajustarán a lo siguiente:

  1. La etapa de negociación o mediación y, en su caso, acuerdo sobre el particular tendrá el plazo que al efecto convengan las partes;
  2. Las partes acordarán llevar los procedimientos de negociación o mediación de buena fe;
  • Las leyes aplicables serán las leyes de la Ciudad de México y en su caso, las leyes federales aplicables;
  1. Se llevará en idioma español; y
  2. El acuerdo resultado de la negociación o mediación será obligatorio y firme para ambas partes.

Artículo 100.- Las partes de un contrato de los estipulados en la presente Ley podrán convenir un procedimiento arbitral para resolver las controversias sobre el cumplimiento del propio contrato en términos de lo dispuesto en el título referente al Arbitraje Comercial, dentro del Código de Comercio.

Artículo 101.- El uso de la negociación, mediación o arbitraje no son excluyentes entre sí, ni restringen las acciones de las partes en caso de posible invalidez de actos de autoridad, violación de los derechos humanos, o comisión de delitos.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO

Artículo 102.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, remitirán a la Contraloría, la información y documentación comprobatoria relativa a las personas físicas o morales que incurran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 53, a fin de que esta determine el plazo para el impedimento previsto en el artículo 98.

Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, adjudicaciones directas y celebración de contratos, la Contraloría deberá iniciar el procedimiento administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia al interesado para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este capítulo, se desarrollará conforme a lo siguiente:

  1. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta irregularidad que se le impute, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un apoderado.

Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo de diez días hábiles, durante el cual estará a disposición de la persona física o moral el expediente para su revisión y consulta en días y horas hábiles;

  1. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las manifestaciones que a su derecho convenga, se presentarán, admitirán, en su caso, y desahogarán las pruebas que se hubieren admitido y se formularán alegatos; una vez concluida la audiencia, la contraloría resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto en esta Ley, notificándose a la persona física o moral la resolución que se emita;
  • Si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta con los elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona física o moral, podrá requerir mayor información y documentación, así como disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos para la emisión de la resolución; y
  1. La resolución que emita la contraloría deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual tomará en consideración para su individualización:

a). La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;

b). El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la irregularidad;

c). La gravedad de la irregularidad;

d). La reincidencia de la persona física o moral; y

e). Las condiciones económicas de la persona física o moral.

Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Sistema la circular respectiva en la que se haga del conocimiento general el plazo de impedimento decretado y el nombre o denominación de la persona física o moral.

Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicación de la declaratoria de impedimento correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos de la misma.

Artículo 103.- La Contraloría, el órgano interno de control o cualquier otro órgano fiscalizador, podrán abstenerse de imponer sanción administrativa cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.

No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta o medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o cualquiera otra gestión específica por alguno de los referidos órganos.

Artículo 104.- Los servidores públicos de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a la Ley. Cuando se trate de prácticas que pudieran constituir violaciones a la libre competencia deberá notificarse a la Comisión Federal de Competencia a fin de que proceda en consecuencia.

Artículo 105.- Las resoluciones que determinan la sanción de un proveedor o participante deberán ser notificadas a la Oficialía, a fin de que publique en el Sistema que el proveedor o participante fue sancionado. Estas resoluciones también deberán publicarse en el portal de la dependencia, entidad o unidad administrativa correspondiente.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS INCONFORMIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INCONFORMIDADES

Artículo 106.- Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitida por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores que contravengan las disposiciones que rigen la materia objeto de esta Ley podrán interponer el recurso de inconformidad ante la Contraloría de la Ciudad de México, deberá cumplir con los requisitos que marca la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

 

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