El Estado privado

Max Weber definió al Estado como el detentador del monopolio de la fuerza (o violencia) legítima. Esta definición supone el ejercicio de la fuerza pública como mecanismo para que el Estado (y solo el Estado) vuelva operante el orden jurídico que regula la vida social, es decir, para que las normas jurídicas se cumplan, sean acatadas, el Estado debe hacerlas valer, pues ante su incumplimiento cuenta con la capacidad de sancionar.

En estos días, las famosas fotomultas han causado revuelo en la Ciudad de México, tanto en la comentocracia como entre la sociedad en general. Y lo ha causado por varios motivos. Se dio a conocer que la empresa a la que se adjudicaron las cámaras de las fotomultas tenían una cuota, un número mínimo de multas por imponer y que de los montos derivados de la multas consistirían en un porcentaje al Gobierno del Distrito Federal y el otro porcentaje, casi del cincuenta por ciento, para la empresa. Acto seguido, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, desestimó tal información, negándola categóricamente. Sin embargo, el contrato entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la empresa, mediante el cual se acordó la operación de las cámaras, de las fotomultas y de los porcentajes de las mismas, quedó revelado por medios de comunicación electrónicos.

La falta de transparencia, los dichos, los desmentidos en este caso y un reglamento de tránsito cuestionable, por supuesto que son un escándalo. Un escándalo superficial con un trasfondo mucho más preocupante: la “concesión” de la facultad sancionadora del Estado en materia de vialidad y tránsito a manos privadas. Es decir, lo escandaloso es la privatización de una función elemental del Estado, la de castigar, sancionar: multar. Y peor aún, el enriquecimiento de una empresa (privada, insisto), a partir de la realización de funciones propias de un ente público, de las dependencias estatales, como las relacionadas con la seguridad pública y la vialidad, en este caso.

Durante décadas, y ante las deficiencias del Estado y de lo público, se ha construido una apología de lo privado, como si las Empresas y el mundo económico no encerrara en sí una red de corruptelas sino que además las historias de la colusión entre empresarios y autoridades gubernamentales son muchas y han resultado en el enriquecimiento de empresas incipientes y desconocidas, gestando nuevas castas económicas a partir del erario.

La apología de lo privado avanza a través de discursos, en apariencia, bienintencionados, pero en esencia peligrosos. La razón fundamental del Estado es no sólo contar con el monopolio de la fuerza, sino además garantizar derechos, como hemos insistido en este espacio. Es por ello, que facultades elementales del Estado no pueden pasar a manos privadas: ni la salud, ni la seguridad, ni la justicia o la educación, porque los derechos son bienes, es decir, bienes de todos y para todos. Pues, bajo las definiciones precedentes, si el Estado renuncia a su función de detentador del monopolio de la fuerza y sus implicaciones (como sancionar, multar, etcétera), y a su función de garantizar derechos, entonces, ¿para qué existiría el Estado? ¿Seguiría existiendo? ¿Quién o qué ocuparía su lugar?

Si Max Weber, viviera en nuestra época, en la Ciudad de México, y con el actual reglamento de tránsito, habiendo conocido el contrato entre la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la empresa de las fotomultas, seguramente, habría concebido una definición distinta de Estado.

Publicado originalmente en: The Mexican Times

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