El combate a la desigualdad desde los presupuestos de egresos

El día martes de esta semana se llevó a cabo en San Lázaro la mesa de diálogo “Desigualdad y pobreza: los problemas que debe atender el presupuesto 2016”. En ella, un grupo de asociaciones civiles, entre las que destacan el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y Sociedad en Movimiento, lanzaron a la Cámara de Senadores 6 propuestas a través de las cuales combatir la desigualdad y la pobreza desde el Presupuesto de Egresos para el año 2016, en un contexto, donde según los datos proporcionados por el INEGI y por el CONEVAL, la pobreza aumentó y el ingreso de los ciudadanos se ha visto mermado.

Las organizaciones expusieron a los legisladores del Congreso de la Unión la responsabilidad que les contrae la aprobación y las características del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, es

“el primer presupuesto a la baja que ocurre en el siglo XXI mexicano. De hecho, estamos ante el primer recorte en 20 años, probablemente estructural, para el mediano plazo y que viene de la mano de nuestro declive petrolero”*

Al mismo tiempo, consideraron que la iniciativa enviada por la Secretaría de Hacienda del gobierno de Peña, no tiene como eje la disminución, ni el combate a la desigualdad y la pobreza.

Durante años la política de programas sociales de los gobiernos federal, estatal y municipal se han caracterizado por la falta de transparencia y la generalizada opacidad en sus padrones de beneficiarios. Esto ha desencadenado en un sistemático uso político-electoral de tales programas, generando colateralmente no sólo que los beneficios no lleguen a los grupos poblacionales destinatarios, si no que sirve para la creación de clientelas políticas, casi siempre conformadas por las clases más rezagadas económicamente. La primera propuesta consiste en generar un padrón único, nacional y obligatorio de beneficiarios para garantizar y transparentar el destino de los recursos conforme a la Ley General de Desarrollo Social.

La segunda propuesta tiene que ver con el ingreso de los mexicanos. Para que el aumento del salario de los trabajadores más pobres del país, estimados en 7 millones entre el sector formal y el informal (esto es, 3 y 4 millones respectivamente), resulte una medida efectiva, la Cámara de Diputados debería empezar por aprobar la minuta para desindexar el salario mínimo, aprobada por el Senado. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, debe iniciar el proceso de recuperación salarial y establecer en 2016 un salario mínimo por encima de la línea de pobreza fijada por el CONEVAL, “aunque insuficiente, sería el primer paso para empezar la recuperación gradual del salario mínimo y el cumplimiento con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución”. Que el ingreso del salario mínimo se encuentre por encima de la línea de pobreza, o sea en 87.35 pesos:

“es una medida perfectamente posible con nuestra estructura productiva actual y en estas condiciones macroeconómicas”.

El tercer planteamiento, indica la relevancia de la inversión en infraestructura productiva, salud y educación. Aquí, se advierte sobre la intención de la Secretaría de Hacienda de realizar el pago de deuda mediante ingresos obtenidos de las ganancias cambiarias, en otras palabras, tras haber adquirido dólares en un costo de 11-12 pesos y una vez vendidos por el gobierno a un costo de 15-16 pesos, la ganancia que consiste en un ingreso extraordinario que bien podría servir para inversión en infraestructura productiva, construcción de escuelas y hospitales en zonas de rezago social, sería destinada al pago anticipado de deuda. Lo cual, para dichas organizaciones, “carece de racionalidad económica, en condiciones de estrechez de ingresos, el pago anticipado de una deuda con intereses bajos no es racional, ni eficiente y profundiza la recesión”. Por supuesto que la deuda debe ser pagada, pero no con los recursos extraordinarios obtenidos de las operaciones cambiarias de BANXICO. Para esto debe modificarse el rumbo de la propuesta de la Secretaría de Hacienda a la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La cuarta propuesta aborda el tema de la reducción de los privilegios de los actores políticos. En este sentido, debe mostrarse de manera tajante la solidaridad de la clase política respecto a la sociedad y sus grupos más rezagados económicamente. Por un lado, el financiamiento de los partidos políticos, año con año escala, se multiplica, por ello se propone la reforma al artículo 41, fracción II, inciso A de la Constitución, estableciendo el financiamiento de los partidos políticos no ya en salarios mínimos, sino por una nueva unidad de medición multiplicada por el número de votos válidos de la elección anterior y no por el número de electores registrados en el padrón electoral, como establece la legislación vigente. Por otro lado, la restricción de pagos extraordinarios a mandos superiores de todas las entidades públicas y de gobierno, así como “aguinaldos superiores a 40 días, bonos extraordinarios, compensaciones por desempeño, fondos de gestión y otros pagos diferentes al salario y las prestaciones regulares del conjunto de la administración pública deben ser erradicados en un contexto de tanta pobreza y tal desigualdad”, esto mediante adición al artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Según el CONEVAL, 18% de la población no cuenta con servicios de salud. La quinta propuesta radica en la cobertura universal de salud, es decir del acceso de todos al derecho a ésta, durante los próximos tres años. Lo cual fue mandatado desde el 2003, a través de la Ley General de Salud, y que debió ocurrir en 2010.

La sexta propuesta, se refiere a la conclusión del ciclo de reformas como las impulsadas desde Acción Nacional, y otras fuerzas políticas, orientadas al combate a la corrupción. El sentido del conjunto de estos planteamientos se pierde si no se pone en el centro del debate la erradicación de la corrupción:

“ningún mandato público podrá cumplirse a cabalidad, mientras la corrupción y la impunidad sigan medrando sobre el uso de los dineros y las atribuciones públicas”.

Este conjunto de asociaciones ciudadanas, plantea el del combate a la desigualdad y a la pobreza a través de una función diferente de los presupuestos de egresos, mediante 6 ejes claves: transparentar la política social de los distintos órdenes de gobierno; salario digno; infraestructura productiva, salud y educación; erradicación de los privilegios de la clase política; sistema de salud universal; y laconclusión de las asignaturas pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Una serie de medidas, que desde los presupuestos de egresos puede ser impulsada y no solo aplicable a los egresos federales, sino, y quizá también con mucha urgencia, en los gobiernos locales. La planeación presupuestal desde una perspectiva de justicia social, apreciada desde un enfoque de la garantía efectiva de los derechos sociales, y alejada de las tentaciones tecnocráticas, debe ser una herramienta que impulse la superación de uno de los lastres históricos más dramáticos que aquejan al país y a la Ciudad de México: la desigualdad.

Publicado originalmente en: The Mexican Times

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